La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cindy Portal, expuso en una entrevista en un canal local que El Salvador “es muy respetuoso de las decisiones soberanas de cada país“, al ser preguntada sobre la posición del país centroamericano sobre las posibles deportaciones masivas promovidas por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
Portal indicó que, de acuerdo con lo mencionado por Trump en “diferentes exposiciones públicas”, “las deportaciones masivas serán para aquellos malos residentes o que llegan a incumplir las leyes o a irrumpir el orden social y la paz nacional” de la nación norteamericana.
Y detalló: “Nosotros estamos evocando siempre y estamos hablando para lograr una solución migratoria integral, justa pero sobre todo una solución permanente a través de negociaciones y reuniones de alto nivel que se tienen en cada encuentro que tenemos a nivel bilateral”.
“El Gobierno del presidente Nayib Bukele está buscando las soluciones permanentes, justas, para nuestra población en situación de protección temporal del TPS (Estatus de Protección Temporal)“, dijo y enfatizó que también están “abogando por aquellos salvadoreños que se encuentran con estatus irregular en Estados Unidos“.
En Estados Unidos viven más de 2 millones de salvadoreños, cuyas remesas son el principal sostén de la economía del país centroamericano, con más de US$8 mil millones solo en 2023.
La semana pasada la Administración del presidente Joe Biden anunció la extensión del estatus de protección para unos 600 mil venezolanos y 234 mil salvadoreños. También, amplió el beneficio para inmigrantes de Ucrania y Nepal.
El TPS es un amparo migratorio que concede el Gobierno de EE.UU. a inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
En el caso de los cerca de 234 mil salvadoreños protegidos por el TPS, este beneficio migratorio, que vencía en marzo de este año, se les concedió en marzo de 2001 a raíz de un terremoto que azotó al país centroamericano a comienzos de ese año, y al que siguieron varias replicas.
La extensión estará vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.
