La fuente indicó que los pandilleros fueron “encontrados culpables por 54 casos de graves delitos, entre ellos varios homicidios agravados” y que el fallo fue emitido por un tribunal especializado antimafia.
Un representante de la Fiscalía señaló que César Alfredo Romero recibió la condena de mil 90, mientras que el resto recibieron condenas se hasta 500 años.
Sostuvo que dentro del juicio, que se extendió por dos meses, se realizó un cambio de la tipificación del delito en 23 casos, pasando de privación de libertad a homicidios agravado.
“Logramos establecer mediante la prueba de que las personas fueron privadas de libertad con el propósito de ser asesinadas”, indicó.
Entre los condenados se encuentran lideres de células, pandilleros y otros con rangos menores dentro de la estructura.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo pasado se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo de Nayib Bukele.
De acuerdo con el mandatario, se está cerca de ganar la “guerra contra las pandillas”, como ha denominado a su estrategia para combatir estas bandas.
El país ha estado por más de tres meses bajo esta medida, que se ha extendido tres veces en el Congreso, y las autoridades registran casi 42 mil detenciones y solo el 1%, según ha dicho el mandatario, serían arrestos por “error”.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció el viernes las “fuertes acciones” del Gobierno de Bukele contra las pandillas, pero señaló que el régimen de excepción vigente desde finales de marzo es “insostenible”.
Advirtió que al terminar el régimen de excepción “dejará a salvadoreños inocentes encarcelados injustamente junto a los criminales que el Gobierno está tratando de retirar de las calles”.
Son más de 3.000 denuncias de violaciones a derechos humanos las que las organizaciones locales e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDHH), han recibido, están incluyen detenciones arbitrarias y tortura, entre otras.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
