Fredy Alonso entró a México por Ciudad Hidalgo, urbe que está separada de la guatemalteca Tecún Umán por el río Suchiate, el cual se puede cruzar fácilmente a pie, cuando el cauce está bajo, o en balsas que cobran un pasaje de poco más de un dólar.
Este guatemalteco se sube la gorra para enseñar la señal azul que destaca en su frente: una marca de las maras por la que ahora -asegura- corre peligro.
“Por eso me vine, porque me querían matar”, explica a Efe a las puertas del albergue Belén, que dirige el destacado activista Flor María Rigoni.
Fredy, quien vivió durante años en México, pero había regresado a Guatemala durante un tiempo, está a la espera de una visa humanitaria: “Muchos de nosotros dicen que tardan mucho, pero doy gracias a Comar (la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) porque me está apoyando”.
El hondureño Gumersindo Ulloa, quien salió de su país hace casi un año, ya cuenta con la documentación necesaria para permanecer de forma legal en México.
Llegó al país con la idea de atravesarlo para alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, cuando pasaba por la población de Huixtla -intentando no ser visto por agentes migratorios- le asaltaron.
“Nos quitaron todo, el dinero… y hasta cien pesos (cinco dólares) nos dieron para que siguiéramos el camino, actuando como buenas personas”, relata.
Aunque ahora cuenta con una visa, no ha abandonado su idea de ir a EE. UU., porque es donde vive su familia. “Debido a eso, siempre pienso en estar allá”, reconoce.
Tapachula acapara cerca de la mitad de solicitudes de asilo que recibe el país -que el año pasado fueron 14.596, de acuerdo con Comar- y allí se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, considerada la más grande de México.
En la ciudad hay, según datos oficiales, unos 320 mil habitantes. La pobreza es un problema que azota a la población: el 60,7 % de los residentes la sufren (43,2 % la moderada y 17,5 % padecen pobreza extrema).
Únicamente el 6,4 % de la población es calificada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como no pobre y no vulnerable por carencias sociales o de ingresos.
En el albergue Jesús el buen pastor, que recibe aproximadamente de 350 a 450 personas cada mes, un niño juega tras la hora de la comida.
Es el hijo de Iris (nombre ficticio por motivos de seguridad), una hondureña de 20 años para la cual pisar México ha sido un respiro.
Creció en Michoacán (oeste de México), donde su familia migró cuando era pequeña, pero volvió a su tierra natal porque se enamoró de un hombre hondureño.
“Nos conocimos por cámara video y me fui, pero me separé de él porque era un maleante; hace dos meses que lo dejé”, narra a Efe esta migrante, quien asegura que su expareja, miembro de una mara, maltrataba a su hijo y quería quedarse con él.
Cuando abandonó a su novio, el padre de su hijo fue a buscarla y juntos emprendieron el camino a México. Su plan, ahora, es retomar los estudios una vez llegue a Michoacán y “sacar adelante” a su niño.
En el mismo albergue se encuentra Brian, un salvadoreño que tuvo conflictos con una pandilla (“los que son chicos malos”) y tras una pelea huyó a México.
“Ya es otro ambiente, uno sale de la prisión de allá; ya no me sentía tranquilo, no podía salir libremente, por si pasaba algo”, comenta.
Brian ha borrado su rastro en redes sociales y ha creado otro perfil de Facebook, en el que ya no aparecen “todos los contactos que tenía” antes.
Mirando a futuro, desconoce si permanecerá en Tapachula, donde está buscando trabajo, o se moverá a otra ciudad mexicana o a Estados Unidos.
Lo único que sabe con certeza es que pretende “superarse”, porque tiene la idea de que ha “desperdiciado” su vida y ha pensado “solo en diversión”.
“Si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes”, reflexiona el salvadoreño.
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