Meléndez apuntó que desconoce si el Gobierno de Nicaragua, cercano a Mauricio Funes y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), daría luz verde a esta petición judicial.
“Nosotros lo que tenemos que hacer es ocupar los mecanismos que nos da la ley en este caso”, apuntó el funcionario, quien manifestó que la decisión final “es un tema de otro país”, sostuvo el jefe fiscal.
Según Meléndez, Funes y el empresario Miguel Menéndez lideraron una “estructura sofisticada” de funcionarios, amigos y familiares para extraer a cuentas privadas más de US$351 millones, de los que más de 292 millones fueron sacados en efectivo de un banco en el que Estado es accionista.
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La investigación de la Fiscalía, denominada “Saqueo Público”, da cuenta de que este dinero fue utilizado para pagar viajes “a diversas partes del mundo”, comprar licores, armas, automóviles de lujo, cirugías plásticas y comprar propiedades.
Entre los señalados se encuentran la ex rimera dama Vanda Pignato, dos hijos de Funes y dos exparejas del mismo, quienes enfrenta cargos de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero y casos especiales del delito de encubrimiento.
Funes llegó al poder en el 2009 bajo la bandera del FMLN y se convierte en el tercer presidente de la historia reciente de El Salvador en ser acusado penalmente por delitos de corrupción.
Funes dice que Fiscalía carece pruebas en su contra
Mauricio Funes aseguró que la Fiscalía carece de pruebas en su contra para acusarlo de una millonaria malversación de fondos públicos que involucra a exfuncionarios y familias del exmandatario, exiliado en Nicaragua desde septiembre de 2016.
A través de sus redes sociales, Funes se pronunció sobre la investigación en su contra, la cual fue dada a conocer este viernes por el Ministerio Público, que emitió orden de captura contra el exmandatario, así como a 30 familiares y amigos.
El ex jefe de Estado publicó que “llama la atención que la Fiscalía solo ha hecho incriminaciones sin presentar una tan sola prueba en mi contra; hablan de testaferros pero no demuestran que efectivamente lo son.
No tienen registro de nada”.
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Además, Funes explicó que escuchó que la Fiscalía dice que realizo 365 viajes de placer con su familia, lo cual “significa que en 5 años de la Presidencia viajé en promedio cada 5 días, entonces no goberné ni estuve en el país, porque cada 5 días tenía que estar fuera”.
El expresidente, quien llegó al poder en 2009 bajo la bandera del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), catalogó la investigación de la Fiscalía de “ridícula”.
Este viernes, el Ministerio Público salvadoreño ordenó la captura de Funes y 30 allegados, entre ellos su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, dos hijos del exmandatario, su expareja Regina Cañas y demás familiares, así como exfucionarios de su gobierno.
Blanqueo de US$10 millones
Una de las personas detenidas y presentadas ante la justicia es el empresario Miguel Menéndez, un expiloto de autos de carrera conocido como Mecafé, quien fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el gobierno de Funes.
Otros involucrados
Además, la fiscalía ordenó la detención de la actual pareja de Funes, Ada Michell Guzmán, y de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco, quienes también se encuentran asilados en Nicaragua.
El fiscal dijo que Funes lavó unos 10 millones de dólares mediante transacciones efectuadas por sus hijos o familiares de su pareja.
Parte de esa cifra fue lavada en transacciones como compra de automóviles, depósitos a empresas de comunicaciones, pagos de tarjetas de crédito o depósitos en efectivo a cuentas bancarias de familiares o allegados, detalló.
La fiscalía también detectó unos 14 bienes inmuebles, que serían propiedad del expresidente pero que “están a nombre de testaferros”.
Funes está bajo investigación de la fiscalía desde agosto del 2016.
En noviembre del 2017, un tribunal de San Salvador declaró a Funes culpable, junto a uno de sus hijos, de enriquecimiento ilícito y los condenó a devolver al Estado 206 mil 665 y US$212 mil 489 respectivamente. La sentencia está en apelación.
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