En ese lugar se encuentran oficinas de los dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, cuyas residencias también fueron registradas según confirmó a medios locales su abogado Rogelio Cruz, exprocurador general del país.
Vargas, que aterrizó el miércoles en Panamá procedente de México, donde se entregó a la Interpol, trabajaba en Ricamar a órdenes del exgobernante, un magnate de los supermercados, y la fiscalía lo que buscaba son “unas certificaciones”, detalló Cortés.
La abogada Vargas, también empleada de los hermanos Martinelli, de acuerdo con Cruz, presta declaración en el Ministerio Público y desde su llegada está en detención preventiva.
Sobre la Promotora Los Andes, Cortés dijo que ese es un negocio propiedad del expresidente que dio en “herencia” a sus dos hijos varones, imputados en el mismo caso y en búsqueda y captura internacional desde el pasado 13 de febrero.
El Ministerio Público les acusa de haber recibido al menos US$22 millones de la constructora Odebrecht, que fueron congelados por Suiza.
Según medios locales, Vargas abrió al menos cinco sociedades anónimas con cuentas bancarias en Suiza, en las que los hermanos Martinelli aparecen como beneficiarios finales de los dineros de Odebrecht.
Me informan de un súper show carnavalesco para desviar atención. Solo me resta decir "Dios perdónalos a todos porque no saben lo que hacen"
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) February 23, 2017
El Ministerio Público adelanta en Panamá seos investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos la abogada y los hijos de Martinelli.
La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse las prácticas ilegales de la constructora.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado US$788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, US$59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá entre el 2009 y el 2014.
Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los US$3 mil millones, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar US$59 millones al Estado panameño, pero aún no hay ningún acuerdo firmado.
La multinacional brasileña sí alcanzó un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE. UU., Brasil y Suiza y pagará multas que suman al menos US$2 mil 47 millones.
