La Corte Suprema de Panamá ya investiga al exgobernante por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de CISA.
El diario La Prensa indicó que el Ministerio Público (MP) investiga por esto la posible comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.
El rotativo informó también que el MP abrió un expediente porque los investigados pudieron “haber utilizado información privilegiada que les permitió proyectar desarrollos hidráulicos en su gestión”.
El mismo medio detalló recientemente que el consorcio vinculado con el caso, Corporación de Energía del Istmo Ltd, solicitó un préstamo de US$81 millones a bancos locales para la construcción de dos hidroeléctricas en la provincia de Veraguas, Las Cruces y San Bartolo.
El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Público, Roberto Meana, indicó esta semana que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) construyó con fondos del Estado –US$13 millones– una subestación eléctrica para transportar lo que produciría San Bartolo.
Meana dijo que la subestación no formaba parte del plan de expansión de Etesa y que su aprobación se hizo sin “cumplir el camino local”, de acuerdo con La Prensa, que interpreta que la medida fue tomada para beneficiar la obra ligada a la familia presidencial.
Distintas fuentes reportaron que Luis Enrique Martinelli partió el viernes a República Dominicana, en un avión de su padre, en compañía de su cuñado Alejandro Garuz Adames, supuesto gerente general del consorcio energético señalado e hijo del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, acusado de escuchas ilegales.
Sobre el joven Martinelli y Garuz Adames no pesa ninguna orden judicial o imputación.
La justicia panameña investiga más de 200 casos de corrupción durante la pasada administración que pueden haber causado una lesión patrimonial por cientos de millones de dólares.
Martinelli salió de Panamá el 28 de enero último, el mismo día que el Supremo panameño admitió la primera de las hasta ahora seis causas penales en su contra por supuesta corrupción durante su administración.
