La Asociación, que agrupa a los procuradores de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, ya se pronunció en abril y junio sobre la situación de Ortega Díaz.
La fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno de Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela, está enfrentando un proceso por parte Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país.
Ortega denunció como “una ruptura del orden constitucional” la luego revertida decisión a fines de marzo del TSJ de asumir las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición al chavismo.
La brecha se amplió aún más cuando la fiscal rechazó el llamado de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, considerada por la oposición como una maniobra para perpetuarse en el poder.
En medio de una severa crisis económica, política e institucional, Venezuela vive desde hace 101 días una ola de protestas que deja 92 muertos.
Posible sustituta de fiscal empieza a dar órdenes
La vicefiscal venezolana Katherine Haringhton, posible sustituta de la fiscal general Luisa Ortega, comenzó a dar sus primeras órdenes pese a que aún no ha podido asumir su despacho.
Haringhton informó en Twitter que comisionó a una fiscal para “revisar” ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el caso de 14 policías presos en Caracas que tienen orden de excarcelación desde agosto de 2016.
La vicefiscal fue designada la semana pasada por el TSJ, que tramita un proceso de destitución contra Ortega, a quien declaró en desacato.
Ello, en medio de un duro enfrentamiento entre la funcionaria y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con quien rompió hace tres meses.
Autoproclamada chavista, Ortega desconoció el nombramiento de Haringhton, antigua colaboradora suya, por considerar ilegítimos a los magistrados del TSJ, acusados por la oposición de servir al gobierno.
La fiscal asignada “acudió a la Sala de Casación Penal (del) TSJ y consignó escrito de revisión de medidas para los 14” policías, escribió Haringhton.
Ortega, que se alejó del gobierno en plenas protestas opositoras que dejan 92 muertos desde el 1 de abril, ha impedido a Haringhton entrar al Ministerio Público para asumir el cargo de vicefiscal.
Alega que, según la ley, el nombramiento debió ser aprobado por el Parlamento, de mayoría opositora. Sin embargo, el tribunal considera “nulas” las decisiones del Legislativo, al que declaró en “desacato” .
El TSJ debe decidir en los próximos días si acepta un juicio contra Ortega que llevaría a su destitución por “faltas graves” , acusada de mentir en declaraciones sobre los magistrados.
Haringhton fue sancionada en 2015 por Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos humanos, al enviar a la cárcel a dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
