Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del Gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional.
“No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”.
La fiscal, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un “antejuicio de mérito”, por estimar que esos magistrados cometieron delito de “conspiración” contra el sistema democrático.
El lunes, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre del 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su “parcialidad” ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 67 muertos en dos meses y medio.
Ortega calificó de “irregular” el proceso por el cual fueron designados esos magistrados, y lo señaló como una causa de que haya “grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho”.
Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al Gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la oposición asumió el control del Legislativo en enero del 2016.
