En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente.
La CPI desestimó en marzo del 2024 el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta al gobierno de Nicolás Maduro en noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al principio de complementariedad, que debe evitar que se solapen investigaciones para pedir el cierre del caso abierto en la fiscalía del tribunal internacional.
“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, advirtió Khan.
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“Nuestras investigaciones independientes continúan. Siempre han sido paralelas, están activas, y estamos colaborando y trabajando estrechamente con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades, de modo que toda vida importe lo mismo”, dijo el fiscal.
Añadió que los venezolanos tiene el mismo derecho a la justicia que las familias en Libia o Bangladés. “Esto no puede ser más básico, pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que está tomando mi oficina”, comentó Khan.
Además, el fiscal subrayó que, en su viaje a Caracas en abril, destacó ante las autoridades venezolanas la necesidad de ver un impulso y avances reales. Advirtió que ha habido un compromiso continuo, ha habido discusiones sostenidas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable.
También instó a las autoridades venezolanas a permitir que los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) entren a Venezuela, como se había prometido previamente por escrito, y les urgió a cooperar de manera más tangible con la fiscalía de la CPI.
En agosto, Khan aseguró estar monitoreando activamente la situación en Venezuela y subrayó que está evaluando de manera independiente los múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias sobre posibles crímenes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro, pero la oposición denunció un fraude y alegó que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor según los datos de las actas de votación que le facilitaron voluntarios y otros trabajadores del proceso electoral.
El CNE ha dicho que esas actas son falsas, pero a pesar de los requerimientos de líderes locales e internacionales, no ha presentado ningunas otras para certificar la victoria de Maduro.
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado señaló como “muy significativo” que este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendiera al gobierno de Maduro.
Hoy comenzó la 23ª sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 2, 2024
Es muy significativo que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, abordó el caso de Venezuela en su intervención inicial ante la Asamblea.
Khan reafirmó que las… pic.twitter.com/3laUZ1zbfF
En un mensaje en X, la exdiputada resaltó que “la protesta sí funciona”. El 1 de diciembre, venezolanos exigieron al tribunal de La Haya actuar de inmediato, en vista de la investigación a la nación suramericana por presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Mi mensaje a todos los venezolanos: la protesta sí funciona; cuando unimos nuestras voces, dentro y fuera de Venezuela, el mundo escucha y reacciona. Estemos muy atentos a los eventos de esta semana en La Haya y en muchas otras partes del mundo. Seguimos avanzando”, agregó Machado en la red social.
Familiares y amigos de los considerados presos políticos llevaron a cabo una vigilia en Caracas para exigir su liberación, así como el cese de la represión que se exacerbó tras las elecciones.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los “presos políticos” en Venezuela, 1 mil 903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones.
