El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es prácticamente un programa de protección humanitaria: otorga permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales. La idea es que puedan estar seguros en Estados Unidos hasta que las condiciones en su país permitan su regreso.
Estados Unidos se lo concedió a El Salvador tras los dos graves terremotos de enero y febrero del 2001.
De los 195 mil salvadoreños inscritos en el TPS cuando se anunció su final, el pasado miércoles eran unos 70 mil los que aún no se habían reinscrito en el programa, según datos de la embajada de El Salvador en Washington.
Los consulados que el país centroamericano tiene en Estados Unidos estuvieron en funcionamiento durante el fin de semana para ayudar y facilitar los trámites.
Además del TPS para El Salvador, el Gobierno de Trump ha cancelado el de Haití y el de Nicaragua. Sobre el de Honduras debe aún tomar una decisión antes de julio.
Los salvadoreños que se acojan a la última prórroga del programa tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para irse de Estados Unidos o regularizar su situación por otras vías. Si no lo hacen, podrán ser deportados a partir de esa fecha.
La cancelación de estos TPS es un paso más en la restrictiva política migratoria que ha adoptado Trump desde su llegada hace algo más de un año a la presidencia. La decisión ha sido ampliamente criticada por el Partido Demócrata y organizaciones civiles, que la califican de “cruel”.
Gran parte de las personas afectadas tienen una vida hecha en Estados Unidos y muchos de ellos tienen hijos nacidos en el país, que tienen, por tanto, nacionalidad estadounidense. Organizaciones del mundo económico como la Cámara de Comercio han advertido además de que la cancelación de estos TPS tendrá un impacto negativo en la economía.
Deportaciones de salvadoreños caen un 38.8 %
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