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El juez cuestionó que desde “algún sector oficial” relacionado con el Gobierno de la expresidenta Fernández de Kirchner hubiera “existido una intencionalidad (…) de instalar la idea de una muerte voluntaria, privada y en soledad de Nisman”.
“El juez sospecha que el gobierno de Fernández ayudó a encubrir el asesinato de Nisman”, consigna en un artículo el diario Clarín.
Ercolini procesó a Lagomarsino por “el delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego en calidad de partícipe necesario”. Además, dictó en su contra un embargo de US$818 mil.
Aunque no ordenó su detención, el juez dispuso que el imputado continúe siendo monitoreado por medio de una tobillera con GPS. Además, no podrá alejarse más de cien kilómetros de su vivienda durante 24 horas y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado.
El juez también procesó a cuatro de los custodios que tenía Nisman por considerar que incurrieron en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”. A todos también les dictó un embargo y les impidió salir del país.
“Estoy muy nervioso, muy tenso, pero creo que tarde o temprano se va a resolver” la situación judicial, expresó Lagomarsino a la Prensa minutos después de conocer su procesamiento.
Lagomarsino recibió la noticia de su procesamiento mientras era entrevistado en el canal Crónica TV, de Buenos Aires.
Para el juez, la muerte de Nisman, que llevaba más de una década al frente de la investigación del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido en Buenos Aires en 1994, “no obedeció a un suicidio” sino que “habría sido producida por terceras personas en forma dolosa” y con el arma de Lagomarsino.
El 14 de noviembre pasado, cuando declaró en los tribunales federales de Buenos Aires, Lagomarsino ratificó que le había entregado a Nisman una pistola Bersa Thunder calibre 22 que tenía en su casa porque el fiscal, dijo, se sentía inseguro pese a que era custodiado por más de una decena de personas y vivía en Puerto Madero, uno de los barrios más vigilados de Buenos Aires.
Cuatro días antes de su muerte Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), su canciller Héctor Timerman y otros dirigentes por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por la Justicia argentina del atentado a la AMIA, que causó 85 muertos y cientos de heridos.
Lagomarsino se desempeñaba en la investigación del ataque terrorista como técnico informático a las órdenes de Nisman cuando ocurrió el hecho “entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero”, indicó el juez Ercolini.
El magistrado aseguró que Nisman y Lagomarsino no tenían “una simple conexión laboral y/o funcional”.
“Lagomarsino fue la última persona autorizada por Nisman a entrar a su vivienda, quien lo hizo en dos ocasiones, la segunda, en un horario muy cercano al lapso posible de la muerte establecido en las peritaciones”, agregó el juez.
Ercolini desestimó las versiones acerca de que Nisman utilizó el arma de Lagomarsino para suicidarse. “Se encuentra descartado que el fiscal hubiera tenido una tendencia de personalidad suicida”, comentó el juez.
