Los miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), acompañados por otras organizaciones humanitarias, realizaron una caminata, que dio inicio el lunes, entre la localidad de Santo Tomás, a 25 kilómetros de San Salvador, y la Casa Presidencial.
“Esta caminata pretende visibilizar la problemática de graves violaciones a derechos humanos que estamos viviendo como pueblo salvadoreño”, dijo José Ruiz, representante del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa.
Agregó que “por más de tres años, con derechos constitucionales suspendidos y sin ver a nuestros familiares, vivimos en la zozobra“.
Los participantes exigieron la “restitución del derecho a la visita familiar y de sus abogados defensores”, además de “saber cómo se encuentran y en qué lugar están recluidos sus familiares”, de acuerdo con un comunicado.
Pidieron también que la Dirección General de Centros Penales “cumpla con las resoluciones judiciales de medidas sustitutivas para muchos privados inocentes que cuentan con carta de libertad”.
También, “la libertad inmediata de todas y todos los inocentes” porque “durante casi tres años hemos demostrado, con pruebas claras, la inocencia de nuestros familiares, quienes continúan detenidos injustamente”.
Los manifestantes, quienes gritaban consignas como “defendemos inocentes, no delincuentes“, portaban pancartas con los rostros de sus familiares y con mensajes exigiendo su liberación.
Un grupo de representantes logró ingresar a la sede de la Presidencia salvadoreña para dejar un escrito, mientras que el resto se quedó cerca del edificio ante la custodia de policías antidisturbios.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida ha dejado más de 83 mil registros de detenciones, de las que se ha liberado a unas 8 mil personas y es la medida con mayor popularidad del presidente, Nayib Bukele.
En una reciente visita a Costa Rica, Bukele reconoció que bajo este régimen, que suspende derechos constitucionales, han sido detenidas personas inocentes.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6 mil400 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
