Las autoridades del Gobierno “no cumplieron su deber de proteger a Berta, a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas de muerte” que recibía desde el 2009 y ahora tratan de responsabilizar a integrantes del Copinh en lugar de investigar a las personas que la amenazaban.
Cáceres, de 44 años, coordinadora del Copinh, fue asesinada a balazos en la mqadrugada del 3 de marzo por desconocidos que ingresaron a su casa en la comunidad de La Esperanza.
En el ataque, resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien pernoctaba en casa de Cáceres y a quien los agresores dieron por muerto.
Castro está protegido en la sede de la embajada de México en Tegucigalpa, pero no puede abandonar el país por orden de las autoridades judiciales hondureñas, que lo requieren como testigo de los hechos.
En un comunicado, el día del crimen, el presidente Hernández condenó el asesinato y lo calificó como “un golpe al pueblo hondureño”, prometiendo que no quedaría impune.
El martes, el exjuez español Baltasar Garzón presentó, por intermedio del abogado hondureño Edy Tabora, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras en favor de Castro.
El recurso busca que “se deje sin valor y efecto la prohibición de salir del país por el término de 30 días” dictada a Castro por la jueza a cargo del caso.
Mientras tanto, un grupo denominado “Articulación Popular Berta Cáceres” planteó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, que “detenga definitivamente el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca” el cual combatía la ambientalista cuando fue asesinada.
Como coordinadora de Copihn, Cáceres encabezaba la lucha de la comunidad indígena lenca, a la que pertenecía, por detener la construcción en su territorio de una represa sobre el río Gualarque.
La dirigente había denunciando amenazas de la compañía que impulsa el proyecto, a raíz de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Gobierno de Honduras que adoptara medidas para protegerla.
