El exmandatario de 66 años, quien se exilió en Miami en 2015, fue detenido el 12 de junio del año pasado y desde entonces ha estado recluido en una prisión federal en esta ciudad.
Ahora, sin obstáculos en la esfera judicial, el caso de Martinelli pasará al Ejecutivo, que decidirá si extradita o no al expresidente y bajo qué condiciones.
La moción indica que Ricardo Martinelli “conversó con las partes apeladas y ellas no se oponen al alivio solicitado. Cada parte correrá con sus propios costos”.
Estas “partes apeladas” son el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson; el fiscal general, Jeff Sessions; y el guardián interino del centro de detención en Miami, Robert Wilson.
“Para evitar toda duda”, continúa el documento obtenido por AFP, “el apelante seguirá peleando contra su extradición por medio de otras vías y no accede al pedido de extradición”.
Objetivo de Martinelli
El abogado Sidney Sitton explicó que el objetivo de Martinelli es “quedar en manos del Departamento de Estado para que se le envíe a Panamá”, pero amparándose en una cláusula que garantiza al extraditado que será procesado en su país por los delitos por los que fue pedido en extradición –y no por otros.
Horas antes, Martinelli había expresado este deseo en una carta manuscrita, con fecha de este jueves, donde pedía “que divulguen ya a todo el mundo” su renuncia a continuar peleando el caso.
Cláusula de especialidad
“Me estoy acogiendo a lo que dice el Tratado de Extradición de 1905 con su cláusula de especialidad. Está en manos del Departamento de Estado tomar la decisión final”, escribió Martinelli.
El expresidente fue pedido por la justicia panameña porque está acusado de malversar fondos para crear una red de espionaje que alcanzó a 150 personas durante su mandato.
Pero en Panamá la justicia lo investiga en más de una veintena de otros casos de corrupción, cinco de los cuales llegaron a la Corte Suprema. Y ninguno de ellos está vinculado al pedido de extradición.
“Que él desista voluntariamente del recurso (de hábeas corpus) no quiere decir que acepta la extradición ni que está aceptando volver voluntariamente a Panamá”, dijo a la AFP en Miami su vocero Luis Eduardo Camacho.
“Sencillamente está limpiando el camino a que, quien tiene que tomar la decisión, la tome”.
“Él tiene que venir extraditado, para venir amparado en el tratado de extradicion”, continuó Camacho. Este amparo le asegura que “sólo puede ser procesado por la causa por la que se le pidió”.
Al volver a su país, prosiguió el portavoz, Martinelli tiene la intención de presentar su candidatura como alcalde o diputado, ya que no han pasado los 10 años requeridos para volver a postular a la Presidencia.
La decisión del ejecutivo estadounidense podría ocurrir tan pronto como en un mes.
En agosto pasado el juez federal Edwin Torres lo había considerado extraditable, una decisión que ratificó en enero de este año la jueza federal Marcia Cooke. La defensa apeló entonces este último fallo ante una corte superior en Atlanta, Georgia.
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