“En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro” , dijo la exfuncionaria, acogida como “legítima fiscal general de Venezuela”, en palabras del Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot.
“No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción (…), porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas”, afirmó.
“Hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo”, insistió Ortega, que huyó a Colombia el viernes pasado, donde le fue ofrecido asilo político.
Caracas la busca tras acusarla de supuesta participación en un esquema de corrupción y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol, pero Ortega no parece temer una eventual extradición.
“Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos”, proclamó.
El punto de ruptura, detalló, fue la formación en Venezuela de una Asamblea Constituyente, que suplantó al poder legislativo “vulnerando la soberanía popular” .
El fantasma de Odebrecht
La disidente dijo disponer de “muchas pruebas, y concretamente en el caso de negociados con la constructora brasileña Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República” así como a dos de sus principales lugartenientes, “los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, (y) Jorge Rodríguez”.
Ortega anticipó que cedería ese material a otros países para que avancen con las investigaciones y afirmó que en la causa Odebrecht había detectado que Cabello, uno de los hombres fuertes de Venezuela, recibió “millones de dólares en una empresa denominada española (…) cuyos propietarios son sus primos”.
La constructora confesó haber regado de sobornos a funcionarios de América Latina y África, una jugada que puso en jaque a presidentes y exmandatarios y desató un choque entre el poder judicial y el político en varios países.
Ortega dijo que todo ello le hacía temer por su vida.
“Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir”, señaló la exfuncionaria de 59 años, que planea regresar a Bogotá.
Fiscales solidarios
El gobierno conservador del presidente brasileño Michel Temer, que asumió tras el impeachment que el año pasado terminó en la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, ha cuestionado duramente al proceso venezolano.
Pero Brasil está inmerso en su propia seguidilla de escándalos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato de Petrobras, que tiene en Odebrecht uno de sus principales involucrados.
La investigación alcanzó al mismo Temer, a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor y Rousseff y tiene bajo la lupa de la justicia a ministros y decenas de legisladores.
“Brasil como un todo, el presidente Temer, y su política externa, realmente está en un momento declinante, perdió mucha de la importancia que tenía en el pasado, pero ganó nuevos actores que están despuntando en el reconocimiento internacional con Lava Jato. Jueces federales, el Ministerio Público (que incluye a la PGR), la Policía Federal tienen un reconocimiento externo importante”, dijo Mauricio Santoro, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rio de Janeiro.
