Destacó la desinformación y el mal manejo de los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo del 24 de mayo de 2022 en la escuela. Esto agravó el dolor de las familias de las víctimas a quienes, en algunos casos, les dijeron que sus hijos estaban vivos, solo para luego descubrir que habían sido asesinados.
A continuación, cinco conclusiones extraídas del informe:
Los investigadores federales culparon al jefe de la policía escolar por los retrasos.
A los pocos días del tiroteo, la culpa recayó en Pete Arredondo, quien dirigía la pequeña fuerza policial a cargo de las escuelas públicas de Uvalde. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, acusó a Arredondo de ser el principal responsable de la demora en enfrentar al pistolero. Arredondo, quien fue despedido, se defendió diciendo que nunca creyó que él estuviera a cargo.
Otros entre las decenas de oficiales que respondieron inicialmente tampoco se movieron para confrontar rápidamente al pistolero, incluidos agentes de la policía estatal y los “rangers” de Texas.
Pero el informe del Departamento de Justicia volvió a centrar el escrutinio en Arredondo, a quien llamaron el “comandante de facto del incidente en la escena”. El informe destacó repetidamente decisiones que tomó y que, según los investigadores, fueron erradas. En particular, el informe culpó a Arredondo por una decisión crítica: pasar de tratar al pistolero como un tirador activo, al que se debe confrontar de inmediato, a un sujeto atrincherado, que está contenido y al que se puede abordar más lentamente.
“Con la falta de acción por parte del FOS y la decisión de liderazgo del jefe de policía del UCISD, Arredondo, de hacer la transición a una postura de barricada, todo el impulso se detuvo para el número sustancial de oficiales en el pasillo”, encontró el informe, usando siglas en inglés para referirse a los primeros oficiales en llegar al lugar y al Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.
El informe reveló que más tarde se tomó otra decisión, en la que Arredondo ordenó a algunos de los oficiales que sacaran a los niños de otras aulas antes de confrontar al pistolero. “Este fue un factor crucial que contribuyó al retraso en la entrada a las aulas 111/112”, dijo el informe.
Mientras un grupo de oficiales se preparaba para irrumpir en el salón de clases alrededor de las 12:12 p. m., aproximadamente 40 minutos después del encuentro, Arredondo “levantó una mano como para frenarlos o detenerlos”, según el informe. “‘Muchachos, esperen, primero vamos a despejar el edificio’”, dijo Arredondo, según el informe.
Pero otros líderes policiales tampoco intervinieron.
El informe reveló que mientras daba órdenes, Arredondo no estableció un puesto de mando para organizar la respuesta. Lo mismo ocurrió con los supervisores que llegaron de otras agencias policiales mucho más grandes: el Departamento de Policía de Uvalde, la Oficina del Sheriff del Condado de Uvalde y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Las agencias no mostraron “ninguna urgencia por establecer una estructura de comando y control”, según el informe, lo que generó problemas para compartir información e “instrucciones limitadas o nulas para el personal en el pasillo” justo afuera de las aulas donde estaba refugiado el pistolero.
Además, según el informe, ninguno de los supervisores en el lugar cuestionó por qué los oficiales no intentaban ingresar rápidamente a las aulas.
El jefe de la policía no tenía entrenamiento en situaciones de tirador activo. El sheriff tampoco.
El jefe de la policía de Uvalde se encontraba fuera de la ciudad el día del tiroteo, por lo que un teniente, Mariano Pargas, fungió como jefe interino. Pero, según el informe, este “carecía del entrenamiento necesario para gestionar el incidente” y no tenía entrenamiento táctico ni de situaciones de tirador activo.
Ese hecho, según el informe, no estaba en línea con la política del departamento y sugería “una falla del liderazgo de la agencia para exigirle responsabilidades al personal”.
Tras el tiroteo en la escuela, Pargas renunció al departamento de policía.
El informe también indicó que el sheriff del condado, Ruben Nolasco, carecía de un entrenamiento en situaciones de tirador activo y tenía “entrenamiento mínimo en liderazgo/supervisión”. Nolasco no intentó establecer el mando y no coordinó con Pargas, incluso cuando los dos estuvieron uno al lado del otro.
Nolasco busca la reelección en la primavera.
El informe dio un lineamiento claro: los agentes deben enfrentarse a un tirador.
Una conclusión central del informe fue que los agentes que responden a tiroteos activos deben seguir intentando enfrentarse al pistolero y poner fin a la amenaza, en lugar de esperar a que haya mejores equipos. El informe encontró que los agentes en el lugar esperaron cosas como llaves de las puertas de las aulas, o escudos balísticos, u oficiales más altamente capacitados, antes de intentar entrar.
“Los agentes deben estar capacitados para enfrentar y detener las acciones del sujeto de inmediato”, afirmó el informe, reiterando lineamientos que han formado parte de los protocolos para tiradores activos después del tiroteo en la escuela secundaria de Columbine en 1999.
El informe encontró que los departamentos de policía y sus líderes en Uvalde necesitaban una mejor capacitación sobre cómo diferenciar entre situaciones de tirador activo y sujetos atrincherados. Los investigadores federales descubrieron que el entrenamiento del departamento de policía escolar “parecía sugerir, de manera inapropiada”, que un escenario de tirador activo podría convertirse en una de un sujeto atrincherado.
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El tiroteo en la Escuela Primaria Robb debió haber sido considerado un tiroteo activo, incluso durante los largos períodos en los que el pistolero no disparó, porque estaba adentro con las víctimas, impidiendo que las fuerzas del orden y el personal médico llegaran hasta ellas y las trataran, según el informe.
La investigación federal ha terminado, pero faltan otras.
Si bien Garland dijo que se podrían haber salvado vidas con una respuesta más rápida, el informe en sí no investiga ni analiza esa posibilidad. El estado ha prometido tomar una decisión como parte de su investigación, la cual continúa en curso. No se han publicado autopsias completas de las víctimas.
También hay una investigación abierta por parte de la fiscal de distrito local de Uvalde, quien ha prometido presentar sus conclusiones a un gran jurado para considerar posibles cargos penales estatales contra los agentes.
El informe del Departamento de Justicia, destinado a hacer recomendaciones sobre cómo mejorar la actuación policial en Uvalde y en otros lugares en el futuro, no consideró actos ilícitos.
