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Igual que hiciera la pasada semana en Bruselas, el representante del Departamento de Estado insistió hoy en que EE. UU. apoya el diálogo en Nicaragua; en que continuará las sanciones contra el régimen que encabezan el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y en que Washington pide “elecciones prontas, libres y justas”.
El embajador estadounidense explicó que Washington trabaja junto a varios países occidentales, europeos y asiáticos para “defender los derechos humanos como único camino aceptable hacia la democracia y el desarrollo económico sostenible” frente al autoritarismo que vive el país desde hace 12 años.
Robinson consideró que, “sin embargo, el régimen de Ortega continúa optando por la represión y la violencia sobre los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”.
De momento, Estados Unidos continúa aplicando y defendiendo una política de sanciones, de retirada de visados a dirigentes de Nicaragua y de restricción a las inversiones en el país por parte de las instituciones financieras internacionales.
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El enviado especial de Washington acusó a Ortega de “plantear este conflicto como una clásica lucha ideológica entre Nicaragua y Estados Unidos. No es el caso. El conflicto de Daniel Ortega es con su pueblo y con los deseos de éste de vivir en democracia y en libertad”.
EE. UU., dijo, exige “la libertad de todos los presos políticos”, que Robinson cifró entre 800 y mil, al tiempo que menospreció la reciente liberación de un centenar de ellos en la medida en que la inmensa mayoría “continúa bajo arresto domiciliario”.
Preguntado en dos ocasiones sobre si, como en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar, Robinson insistió en que EE. UU. está centrado en las vías políticas, económicas y diplomáticas pero “no puede descartar otras opciones”.
La crisis en Nicaragua se agravó en abril de 2018 cuando arreciaron las manifestaciones contra el sistema autoritario del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo.
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Según organismos humanitarios la crisis sociopolítica del país centroamericano ha dejado desde esa fecha entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó desde entonces hasta 325 muertos, dos mil heridos, más de 700 presos políticos y decenas de miles de desplazados en busca de refugio o asilo en otros países de la región.
Mientras los estudiantes y exdirigentes sandinistas como Luis Carrión o Dora María Téllez se han movilizado contra el Gobierno, los empresarios piden “confianza” a la población y acusan el preocupante deterioro económico que ha generado el conflicto interno.
El pasado fin de semana hubo entre 107 y 164 detenciones, según datos dados a conocer por la Policía o la oposición.
Pese a lo complejo de la situación en Nicaragua, el embajador Robinson se mostró convencido de que el proceso de diálogo, que cuenta con el apoyo de los opositores, agrupados en la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, la Santa Sede y algunos aliados de EE. UU., “va a funcionar”.
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