Se trata de un nuevo paso en el marco de las políticas migratorias restrictivas que Donald Trump ha convertido en uno de los pilares de su acción de gobierno. En los últimos meses, llegado el momento de decidir sobre la renovación, canceló entre otros el TPS de los salvadoreños, haitianos y nicaragüenses.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) calcula que, en total, unos 86 mil hondureños se beneficiaron del programa desde que, en 1999, el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) aprobara ese amparo para Honduras tras el paso del devastador huracán Mitch.
El TPS funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.
Desde 1999, todas las administraciones, tanto republicanas como demócratas, han ido renovando cada 18 meses el TPS de los hondureños.
PIB de EE.UU. se vería reducido
Según cálculos del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), el producto interno bruto (PIB) de EE.UU. se vería reducido en US$31 mil 300 millones en los próximos 10 años sin la aportación de los hondureños con TPS que trabajan actualmente.
Para Nicole Svajlenka, experta en Política de Inmigración en el CAP, obligar a los hondureños a regresar a su país sería una decisión “cruel” por parte de la Administración Trump.
“Los beneficiarios de TPS hondureños han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas: han criado hijos nacidos aquí, han contribuido ampliamente a la economía y son miembros profundamente arraigados en sus comunidades”, indicó Svajlenka.
Los activistas también consideran que Honduras no está preparado ni política ni económicamente para recibir de golpe a decenas de miles de hondureños que han vivido durante años en Estados Unidos.
El Gobierno de Trump considera no obstante que las condiciones de alteración de la vida causadas por el huracán ya no existen. “Han descendido hasta un grado que ya no se considera como una alteración sustancial”, señala el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a las llamadas de legisladores, líderes religiosos y organizaciones empresariales, entre otros, la administración no ha tenido en cuenta la situación de violencia y pobreza que se vive en Honduras.
Es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de asesinatos es de 60 por cada cien mil personas, una de las más altas del mundo. Ese país encabeza además la tasa de feminicidios de Centroamérica, con una de las más elevadas del globo.
Las maras se extienden y amenazan a familias y negocios y son uno de sus principales problemas de seguridad. Más allá de la violencia, más de dos terceras partes de la población hondureña vive en la pobreza.
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