La Cicig expresó que no tiene comentarios respecto de los señalamientos contra Zamora, ya que ella terminó su vinculación con ese organismo en julio de 2017 y desde entonces existe ninguna vinculación entre ambos.
Estados Unidos no ha emitido comunicación sobre los motivos para retirarle la visa a Zamora.
Para el 16 de octubre se tiene prevista una audiencia en la que Zamora deberá responder por los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales, informó la Fiscalía colombiana.
También serán imputados July Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, contratistas de la secretaría de la FEP, cuyas visas estadounidenses también fueron revocadas.
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Según el ente acusador, Henríquez deberá responder por falsedad ideológica en documento público, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.
Mientras tanto Caicedo será imputado por falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.
El fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró el pasado 10 de septiembre que tenía evidencias de que funcionarios de la JEP estaban intentando encubrir la salida de exguerrilleros de las zonas donde dejaron las armas luego de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
La denuncia se produjo un día después de que la Misión de Verificación de Naciones Unidas informó que seis dirigentes de las FARC habían abandonado las zonas donde se lleva a cabo el proceso de reincorporación socioeconómica de las tropas rebeldes.
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Según la ONU, los líderes estarían incumpliendo con ello sus responsabilidades con el pacto de paz que puso fin a más de medio siglo de levantamiento armado.
Zamora ha atendido interrogatorios relacionados con la investigación, donde ha negado los señalamientos en su contra.
“Yo creo que (la JEP) es una institución absolutamente clara y transparente en donde todos sus integrantes han cumplido con su deber y sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley”, dijo Zamora, según una publicación de la cadena Noticias Caracol.
La Fiscalía aclaró que los imputados “fueron designados (en sus cargos) en la Secretaría Ejecutiva de la JEP durante el período en el que estuvo a cargo Néstor Raúl Correa y no compromete las actividades realizadas por ninguno de los magistrados de la Justicia Especial de Paz”.
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Correa dejó el cargo en abril pasado en medio de un escándalo por supuestos malos manejos de los recursos de la JEP.
¿Qué es la JEP?
Creada a partir del acuerdo suscrito a finales de 2016, la JEP se ocupará de los casos que involucran a guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado en delitos atroces cometidos durante la confrontación que dejó cientos de miles de víctimas.
Quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.
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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha cuestionado la actuación del fiscal Martínez y lo ha acusado de pretender “desarticular la paz del país”, según Carlos Lozada, senador y otrora excomandante de la guerrilla.
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