La moción para intervenir, que presentaron avanzada la noche del 22 de noviembre 15 estados, 14 de ellos con gobierno republicano, busca demorar la aplicación de una orden judicial emitida la semana pasada cuyo efecto será eliminar la medida de expulsión, conocida como Título 42, el 21 de diciembre.
La orden del 15 de noviembre, emitida por el juez Emmet Sullivan del tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia, sienta las bases para que los migrantes soliciten asilo por primera vez desde principios de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. La medida se ha mantenido en vigor debido a que se cree que cancelarla podría incentivar a miles de personas más a dirigirse a la frontera estadounidense. Pero Sullivan concluyó que no había fundamento alguno para mantener la política, que en su opinión no controló la propagación del coronavirus y obligó a los migrantes a regresar a países en los que algunos quizás estén en grave peligro.
Un grupo de 24 estados con gobierno republicano obtuvo un resultado a su favor tras pedir en mayo una orden de aplicación nacional para mantener en vigor la política sobre las expulsiones después de que el gobierno de Biden anunció que planeaba rescindirla, pues los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que ya no era necesaria para proteger la salud pública.
Esa decisión, del tribunal federal de distrito para el Distrito Occidental de Luisiana, aceptó el argumento de los estados de que levantar esa orden les ocasionaría un daño grave y generaría caos en la frontera. El caso presentado ante Sullivan por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y varias organizaciones especializadas en la inmigración, echó por tierra esa decisión anterior gracias a que se concentró en la legalidad de la política de expulsiones y no en los procedimientos para ponerle fin de manera voluntaria.
La frontera se está convirtiendo de nuevo en un tema político central y la política Título 42 es uno de los primeros puntos de batalla. El Partido Republicano logró una mayoría mínima en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato y el representante Kevin McCarthy, republicano de California que se perfila para convertirse en el nuevo presidente de la Cámara, ha dicho que la seguridad fronteriza será una de sus principales prioridades. Señaló que una de sus primeras acciones será presentar un proyecto de ley para controlar la frontera.
En la nueva moción legal presentada el 22 de noviembre por la noche, los estados destacaron que los funcionarios federales “en esencia han claudicado en la defensa del Título 42 y es casi seguro que no presentarán ningún otro argumento en apoyo al mismo, mucho menos todos los argumentos que pueden impulsar los estados”.
Acusaron al gobierno de Biden de “rendirse’’ en el caso y afirmaron que era necesaria su intervención para apelar la orden de Sullivan.
El hecho es que no se sabe a ciencia cierta si el gobierno de Biden planea o no apelar la orden; consiguió que se demorara su implementación hasta el 21 de diciembre, pero no indicó si apelaría esa resolución.
Presentaron el caso los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Kansas, Luisiana, Kentucky, Misisipi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
En él, destacan que incluso los estados que no son fronterizos se verían afectados por la suspensión de la política. “En cualquier lugar en el que terminen esos extranjeros, representarán una carga financiera para los estados que los alberguen de manera involuntaria”, señaló la moción.
Así mismo, subrayó que los estados tienen el interés soberano de “excluir a personas que sufran enfermedades transmisibles”, aunque Sullivan en su fallo advirtió que el número de migrantes que han dado positivo en la prueba de coronavirus ha sido muy reducido.
Lee Gelernt, el abogado de ACLU encargado de interponer la demanda ante Sullivan en representación de migrantes que buscan asilo, dijo que es “hipócrita” que los estados que decidieron intervenir exijan restricciones relacionadas con el covid para los solicitantes de asilo si ellos mismos se opusieron a la aplicación de esas restricciones en su estado en el pasado.
“Los estados, por error, creen que el Título 42 puede utilizarse como herramienta general de control fronterizo”, explicó Gelernt, “pero es una disposición limitada de salud pública, y estos estados no han presentado nada que demuestre que necesitan el Título 42 por motivos de salud pública”.
La orden emitida por la pandemia se ha convertido en una herramienta de hecho para los agentes de inmigración. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha realizado 2,4 millones de expulsiones con base en esa política desde que entró en vigor durante el gobierno de Trump. A las personas sujetas a esa política no se les permite solicitar asilo y se les envía en camión a México o en avión a su país de origen.
