Otras tres investigaciones conectadas con casos penales relacionados con Trump también han avanzado con cierta rapidez (aunque no tanto) en meses recientes, ante la insistencia del Departamento de Justicia de proseguir en Washington y las acciones de un fiscal local de Nueva York para proceder.
Nunca antes un expresidente había confrontado la avalancha de acciones legales que enfrenta ahora Trump. Además, todo parece indicar que las autoridades podrían llegar a un momento decisivo con respecto a todas ellas en los próximos meses. Para agravar la situación, las investigaciones se intensificaron ahora que Trump arrancó los preparativos para su tercera campaña para la Casa Blanca.
Además del caso de Georgia, Trump es objeto de una investigación encabezada por un fiscal especial en Washington por su participación en las acciones para intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 y por el posible manejo inadecuado de documentos clasificados. Encima, autoridades locales en Nueva York investigan si Trump autorizó y participó en un plan para preparar contabilidad falsa de pagos de coima a una actriz de películas pornográficas que afirmaba haber tenido una aventura con él.
Aunque las investigaciones, por la mayor parte, parecen ser claras (“No es nada del otro mundo”, le dijo la presidenta del jurado de Georgia, Emily Kohrs, a The New York Times), cada uno de los casos involucra una serie de complejidades legales que dificultan hacer predicciones con respecto a su resultado final. Eso, sin tomar en cuenta las posibles complicaciones de presentar cargos en plena campaña presidencial contra una figura pendenciera como Trump, que desde hace tiempo ha etiquetado las medidas de las autoridades para intentar que asuma responsabilidad por sus actos de engaños y cacerías de brujas con motivaciones políticas.
A continuación, describimos la situación de cada una de las investigaciones por casos penales que enfrenta Trump.
Georgia: Interferencia electoral
La investigación de Georgia presenta dos áreas de exposición para Trump.
La primera es su participación directa en acciones para reclutar una lista alternativa de electores presidenciales, incluso después de la recertificación de los resultados de Georgia por parte de los líderes republicanos del estado. “Definitivamente, hablamos mucho acerca de la lista alternativa de electores”, señaló Kohrs.
La otra gira en torno a llamadas telefónicas hechas por Trump para ejercer presión sobre funcionarios del estado tras las elecciones, incluida una en la que le comentó a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, que necesitaba “encontrar” 11.780 votos (para superar por un voto el margen de victoria de Joe Biden en el estado).
La decisión de presentar cargos formales contra Trump recaerá en la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani T. Willis, quien se ha dedicado a investigar el caso desde hace dos años. La oficina de Willis ha dicho que considera todas las opciones, desde conspiración y asociación delictiva hasta cargos menos graves, como organización para cometer un delito electoral.
Varios expertos legales han señalado que Trump corre mucho peligro en el caso de Georgia.
“El riesgo de que le imputaran cargos ya era sustancial incluso antes de los fragmentos del informe del gran jurado”, afirmó Norman Eisen, abogado que fungió como fiscal especial del Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante el primer juicio político de Trump. “Los comentarios de la presidenta del jurado hacen pensar que es prácticamente seguro que suceda”.
Fiscal especial: Anulación de las elecciones
El Departamento de Justicia, desde hace más de un año, ha intentado averiguar más sobre las amplias medidas que tomó Trump para anular las elecciones, a fin de poder determinar si cometió delitos en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. La investigación (una de las dos que heredó en noviembre el fiscal especial Jack Smith) ha empleado varios métodos y reunido una cantidad enorme de información.
Agentes federales incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos de abogados que respaldan a Trump, como John Eastman y Jeffrey Clark, así como de uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, el representante Scott Perry, republicano de Pensilvania.
Los fiscales emitieron citaciones propuestas por el gran jurado para varios funcionarios republicanos del estado y decenas de abogados y funcionarios del gobierno de Trump. Algunos de ellos son Mark Meadows, otrora jefe de Gabinete de Trump, y el exvicepresidente Mike Pence, quien se cree que debe saber qué pensaba y qué hizo el expresidente en las semanas anteriores al 6 de enero. La señal más reciente de que la investigación avanza con rapidez fue que Smith emitió citaciones dirigidas a la hija de Trump, Ivanka, y a su yerno, Jared Kushner.
Los investigadores también han revisado miles de páginas de entrevistas realizadas por el comité de la Cámara de Representantes seleccionado para investigar los hechos del 6 de enero, que recomendó la presentación de cargos contra Trump por delitos como instigar insurrección, conspiración para engañar a la nación y obstrucción de un procedimiento ante el Congreso.
Todavía no se sabe con seguridad si Smith decidirá presentar cargos formales contra Trump. Eso sí, varios expertos legales (entre ellos Timothy J. Heaphy, exfiscal federal que encabezó la investigación de la Cámara de Representantes sobre el 6 de enero) han opinado que la clave para presentar cargos es obtener pruebas fehacientes de que Trump pretendía infringir la ley.
“Cuando comenzamos a observar una conducta intencional, pasos específicos que parecen haberse diseñado para interrumpir la reunión conjunta del Congreso, en ese momento empieza a sonar como un delito”, Heaphy le indicó al Times esta semana. “El elemento clave para el fiscal especial es la premeditación”.
Fiscal especial: Documentos clasificados
La investigación sobre el manejo por parte de Trump de documentos clasificados arrancó en forma en mayo pasado con una citación. El objetivo era lograr la devolución del material clasificado que permanecía en su posesión, después de que entregó voluntariamente varios registros entre los que se encontraban casi 200 documentos clasificados.
En un mes, M. Evan Corcoran, abogado de Trump, les entregó a los investigadores más de 30 documentos adicionales en respuesta a la citación. Aproximadamente en esa época, otra abogada, Christina Bobb, aseveró que se había realizado una “búsqueda cuidadosa” en Mar-a-Lago, el club privado y residencia de Trump en Florida, y les aseguró a los fiscales que ya no había más documentos marcados como clasificados.
Para su desgracia, un momento de gran tensión en las investigaciones se presentó en agosto, cuando el FBI, durante la ejecución de una orden de cateo, ingresó a Mar-a-Lago y descubrió otros más de 100 documentos clasificados. El documento presentado por el Departamento de Justicia para solicitar la orden de cateo explicaba que los investigadores tenían “pruebas suficientes para creer” que podría encontrarse “evidencia de obstrucción”.
Pence y Biden también han estado bajo la lupa por tener en su poder material clasificado. En el caso de Biden, otra investigación encabezada por un fiscal especial se encuentra en curso. En el caso de Trump, los fiscales se han concentrado en unas cuantas preguntas clave: ¿Trump retiró intencionalmente los registros con información delicada de la Casa Blanca y tuvo la intención de conservarlos en contravención de la Ley de Espionaje? Para ser más exactos, ¿intentó impedir que los investigadores descubrieran dónde los conservaba o por qué?
Para responder esas preguntas, los fiscales han entrevistado a varios asistentes de menor jerarquía de Trump y solicitado el testimonio ante el gran jurado de asesores de mayor jerarquía, como Kash Patel.
También han intentado obligar a Corcoran a testificar íntegramente ante el gran jurado. Corcoran intentó evitar la situación y no responder preguntas con fundamento en la confidencialidad entre abogado y cliente en representación de Trump. Pero los fiscales intentaron eliminar ese privilegio con la llamada excepción de delito-fraude, que puede invocarse cuando existen pruebas de que se emplearon servicios legales o asesoría para cometer un delito.
No se sabe a ciencia cierta si Smith presentará cargos por esta investigación. Si bien no se tienen pruebas en este momento de que Biden o Pence hayan tenido la intención de obstruir investigaciones por la forma en que manejaron documentos (ambos le informaron al Departamento de Justicia que tenían esos documentos en su posesión), las investigaciones paralelas han complicado el panorama político y podrían darle a Trump un motivo para quejarse si se presentan cargos en su contra y no en contra de los otros dos funcionarios.
Fiscal de distrito de Manhattan: Stormy Daniels
La investigación de la participación de Trump en el pago de coima a la actriz de pornografía Stormy Daniels lleva cinco años, ha pasado por las manos de dos fiscales de distrito de Manhattan y se ha sometido en varias ocasiones a un gran jurado.
El cambio reciente es que algunos fiscales bajo órdenes del actual fiscal de distrito, Alvin Bragg, parecen estar más cerca que nunca de presentar cargos formales contra el expresidente. El mes pasado, comenzaron a presentar pruebas ante un gran jurado recién seleccionado, que ha escuchado el testimonio de varios testigos como parte de la exposición de la fiscalía en preparación para la posibilidad de presentar cargos contra Trump.
Es posible que el caso se base en determinar si Trump y su empresa falsificaron registros del negocio para ocultar pagos efectuados a Daniels en los días anteriores a las elecciones de 2016.
Pero nada asegura que se presenten cargos formales… y mucho menos que lo declaren culpable.
El juicio se basaría en el testimonio de Michael Cohen, antiguo abogado personal de Trump, quien efectuó el pago a Daniels y se declaró culpable en 2018 de los cargos federales respectivos. Trump le rembolsó a Cohen los 130.000 dólares que pagó y, según documentos presentados ante tribunal en el caso de Cohen, la empresa de Trump actuó con falsedad porque identificó los rembolsos como gastos legales.
En Nueva York, falsificar registros mercantiles constituye un delito menor. Para que se considere grave, los fiscales deben demostrar que Trump falsificó los registros para poder cometer u ocultar un segundo delito (en este caso, contravenir leyes electorales del estado de Nueva York, una teoría legal que no se ha puesto a prueba).
Trump ha negado haber cometido algún delito y criticó a los fiscales por encabezar acciones que calificó como una cacería de brujas partidista en su contra. También negó la aventura con Daniels.
