Este jueves venció el plazo que dio España para que el presidente catalán aclarara si había declarado independencia de esa región de España.
El Gobierno español aplicará la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara este jueves de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.
Puigdemont comunicó por carta a Rajoy que, si este “persiste en impedir el diálogo”, el Parlamento regional “podrá proceder a votar la declaración formal de independencia” de Cataluña.
