Ha habido muchos gritos, algo de llanto y una buena cantidad de vestiduras rasgadas a medida que se ha ido revelando el descaro y la magnitud de un complot realizado por funcionarios del Ministerio de Salud para pedirle sobornos a los distribuidores de vacunas. La indignación impulsó a decenas de miles de brasileños a protestar en varias ciudades este sábado 3 de julio. Es la tercera gran oleada de manifestaciones en las últimas semanas.
Gran parte del escándalo, el cual está siendo investigado por fiscales federales, sigue en entredicho y sin claridad. Sin embargo, es probable que la investigación cada vez más amplia represente una gran amenaza para la reelección del presidente Jair Bolsonaro el próximo año, y quizás incluso para su capacidad de cumplir con el resto de su mandato actual.
A instancias de una jueza del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la fiscalía abrió el viernes 2 de julio una investigación sobre la participación de Bolsonaro en el complot corrupto de las vacunas. El presidente está bajo escrutinio por un acuerdo de compra de 20 millones de dosis de una vacuna que no había completado los ensayos clínicos ni había sido aprobada por los reguladores. Se le acusa de haber pasado por alto la advertencia de que el acuerdo había tenido algunas irregularidades.
Además, un grupo de cien legisladores de una amplia variedad de partidos presentó un proyecto de artículos de juicio político a principios de semana en el que se describen decenas de presuntos delitos. Los mismos van desde las acciones del presidente para debilitar las instituciones democráticas hasta testimonios de negligencia y malversación que han obstaculizado la campaña de vacunación contra el covid-19 en Brasil.
Los miembros de la oposición del Congreso aseguran que el escándalo de la vacuna tiene el potencial de impulsar protestas de calle similares a las que provocaron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016.
“Todos los delitos cometidos por el presidente son graves, pero este en particular es aún más grave porque involucra vidas”, dijo Joice Hasselmann, miembro del Congreso de São Paulo que solía ser una de las defensoras más feroces de Bolsonaro hasta que tuvieron una disputa en 2019. “Brasil no puede soportar otro año más con Bolsonaro”.
Bolsonaro no ha negado la posibilidad de que altos funcionarios de su gobierno hayan actuado de manera ilegal en las negociaciones sobre vacunas. Sin embargo, califica de injustos los esfuerzos para responsabilizarlo del delito.
“No tengo manera de saber qué está pasando en los ministerios”, le dijo a sus seguidores el lunes 28 de junio. “No hicimos nada malo”.
El sábado quedó en evidencia la indignación causada por las más recientes revelaciones del caso. Decenas de miles de personas salieron a las calles en una tercera ronda de manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro.
En el centro de Río de Janeiro, miles de personas marcharon al ritmo de los tambores y corearon “¡Fuera Bolsonaro!” mientras diversos activistas pronunciaban discursos apasionados desde camiones con bocinas. Un hombre sostuvo un enorme cartel que decía: “La gente solo sale a las calles en medio de una pandemia cuando el gobierno es más peligroso que el virus”.
Amanda Machado, una veterinaria de 45 años, vistió un disfraz de La Muerte y sostuvo una réplica de una cabeza decapitada y ensangrentada con la cara de Bolsonaro pegada a ella.
“Estar aquí en la calle es un riesgo”, dijo. “Pero no lograremos nada quedándonos en casa”.
El escándalo de la vacuna comenzó a gestarse en junio, cuando miembros de una comisión del Congreso establecida en abril comenzaron a tener sospechas sobre los términos de un acuerdo de 316 millones de dólares que el gobierno había realizado para comprar 20 millones de dosis de la vacuna india contra el covid-19, Covaxin.
La compra fue inusual porque Brasil había ignorado durante meses repetidas ofertas de Pfizer, que ofreció millones de dosis iniciales de su vacuna. La apresurada aprobación del acuerdo de Covaxin también fue confusa porque la vacuna aún no había completado los ensayos clínicos ni había sido autorizada por el regulador sanitario de Brasil. Su precio de venta fue exponencialmente más elevado que el precio que el fabricante había anunciado hace algunos meses. Además, la venta había sido negociada por un intermediario.
A finales de junio, un legislador aliado de Bolsonaro, Luis Claudio Miranda, utilizó un chaleco antibalas para dar un testimonio explosivo ante el Congreso. Le dijo a los legisladores que junto a su hermano Luis Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, se había reunido en privado con Bolsonaro en marzo para advertirle al presidente sobre las irregularidades del acuerdo de la vacuna Covaxin. Los legisladores que lideran un comité especial sobre covid-19 afirmaron que no existe evidencia de que Bolsonaro haya solicitado a las autoridades competentes investigar las acusaciones.
Días después, Luiz Paulo Dominguetti, ejecutivo de una empresa de suministros médicos, le dijo al diario Folha de São Paulo que el director de logística del Ministerio de Salud del país, Roberto Ferreira Dias, había buscado negociar un acuerdo para comprar vacunas AstraZeneca que incluía una “mordida” de un dólar por dosis.
Poco después, Dominguetti sorprendió a los legisladores al afirmar en una audiencia en el Congreso que Miranda, el diputado que había denunciado el acuerdo de Covaxin, había participado en la negociación del acuerdo de la vacuna AstraZeneca. Miranda ha negado haber cometido algún delito.
En medio de una creciente indignación por las acusaciones, Bolsonaro despidió a Dias, el funcionario del Ministerio de Salud, quien ha negado haber negociado sobornos. El ministerio está buscando el modo de anular el acuerdo con Covaxin.
Tras el costo humano y económico de la pandemia que ha devastado a las familias brasileñas durante los últimos 15 meses, la base de apoyo de Bolsonaro se ha reducido de manera vertiginosa, según las encuestas. Una encuesta publicada por la empresa de investigación de opinión pública Ipec a finales del mes pasado sugirió que Bolsonaro sería derrotado por su principal rival político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, si las elecciones se realizaran hoy.
Como respuesta al incremento de legisladores que apoyan un juicio político, el presidente ha comenzado a advertir sobre un fraude en las elecciones presidenciales del año que viene, programadas para octubre de 2022. Bolsonaro ha sugerido, sin presentar ninguna prueba, que las máquinas electrónicas de votación de Brasil se pueden manipular con facilidad, y que una derrota electoral el año que viene sería el resultado de un fraude.
Bolsonaro arremetió contra la investigación del Congreso, y calificó a los diputados como “bandidos” y afirmó que cualquier discusión sobre un posible juicio político es un disparate.
“No tiene sentido provocarnos, inventar cosas, difamarnos ni agredirnos las 24 horas del día, porque no van a lograr nada”, dijo el fin de semana pasado. “Solo una cosa me sacará de Brasilia: Dios”.
