La medida se tomó luego de que el juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) “para acreditar la probable responsabilidad de los procesados en la comisión de actos de tortura en agravio de la mencionada víctima” .
Los sometidos a proceso son dos agentes varones de la Policía Federal y dos integrantes del Ejército Mexicano. Previamente, el auto de formal prisión ya había sido emitido en contra de una agente de la Policía Federal.
El 19 de abril, la PGR informó que había obtenido del Juzgado Quinto cinco órdenes de aprehensión contra los tres efectivos de la Policía Federal y dos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de tortura. Las órdenes emitidas contra los dos agentes varones de la Policía Federal fueron cumplidas ese mismo día.
Dos días más tarde, la Policía Federal cumplió la orden de aprehensión emitida contra la agente, quien presuntamente participó en actos de tortura en Ajuchitlán del Progreso, estado sureño de Guerrero, el 4 de febrero del 2015.
Respecto a las órdenes contra los dos efectivos del Ejército, la PGR indicó en su momento que serían ejecutadas en reclusión, ya que los sospechosos están privados de su libertad en una prisión militar.
Este caso, el más reciente de una serie de escándalos de tortura por parte de fuerzas federales en México, hizo que el Ejército y la Policía Federal ofrecieran inusuales disculpas públicas.
En el video se observa a una mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza.
Luego, una agente de la Policía Federal le esposa las manos para asfixiarla en dos ocasiones con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura.
En total, una soldado, un capitán castrense, una policía federal y dos varones pertenecientes a esa coorporación serán procesados por el caso.
La orden de prisión “se obtuvo luego de que el juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados por la SEIDF (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales) para acreditar la probable responsabilidad de los procesados en la comisión de actos de torturas” , indica un parte de la fiscalía.
Según medios locales, la mujer pertenecería al cartel de La Familia Michoacana y habría sido detenida junto a dos hombres en posesión de varias armas.
El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2015 en Guerrero, un estado del sur de México clave para el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.
El Estado mexicano lanzó en 2006 una lucha frontal de sus fuerzas federales contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que ha dejado más de 25.000 desaparecidos y 80.000 muertos.
Ante la persistente denuncia por parte de varias organizaciones internacionales de casos de desaparición forzada y tortura, el presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre dos proyectos de ley al Congreso para prevenir y sancionar estas situaciones.
El pasado 16 de abril, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ofreció “una sentida disculpa” por este hecho “inadmisible” .
