Esta recogía una petición al gobierno, firmada el lunes por más de 75.000 personas, para que Josefa Hernández, de 63 años, fuese indultada de la condena de seis meses impuesta por un tribunal canario al negarse a derribar una casa construida sin permiso en el Parque Rural de Betancuria, en la isla de Fuerteventura.
La justicia le imputa un delito contra el medio ambiente por edificar en un terreno protegido heredado de sus padres.
Allí “vive con su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración” , afirma Zerpa. Según la prensa española, los cinco depende de la pensión de jubilación de Josefa para vivir.
“Solo un gobierno zombie permite encarcelar a personas mayores y no a los responsables de la estafa hipotecaria” , denunciaba este lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) , grupo de indignados creado a principios de los 2000 por la ahora alcadesa de Barcelona Ada Colau, que en los últimos años ganó gran relavancia impidiendo el desalojo de familias incapaces de pagar sus créditos inmobiliarios.
En un país sumido en la crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, los españoles se muestran cada vez más indignados por la falta de ayudas a las personas desfavorecidas al tiempo que se rescata a la banca o se multiplican los escándalos de corrupción.
“Josefa acaba de ingresar en prisión (…) y Rodrigo Rato sigue todavía en la calle” , denunciaba la PAH en Twitter en referencia al exdirector gerente del FMI.
Ex vicepresidente del gobierno español y antigua figura del gubernamental Partido Popular de Mariano Rajoy, Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal en la salida a bolsa en el 2011 de Bankia, entidad rescatada en el 2012 con miles de millones de euros de dinero público. Se le investiga también por fraude fiscal y blanqueo.
En su dictamen de julio, la Fiscalía explicaba que no se oponía a que la condena de seis meses de prisión de Hernández siguiera suspendida, siempre y cuando hubiera por su parte “un compromiso inequívoco de demolición” de la vivienda que levantó ilegalmente en un espacio natural protegido, el Parque Rural de Betancuria.
El segundo informe recomendaba suspender su ingreso en la cárcel de Tahíche, que se ha producido este lunes, a la espera de que se resuelva la petición de indulto formulada por sus familiares.
La Fiscalía precisa en un comunicado que envió ese segundo informe el sábado por fax y que este lunes ha comprobado que su petición “tuvo entrada efectiva en el Juzgado”, sin que su titular haya dictado hasta el momento “resolución alguna que tenga en cuenta” su dictamen.
Las construcciones que han llevado a prisión a Josefa Hernández (una de 20 metros cuadrados y otra de 70) fueron denunciadas en su día por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Gobierno canario, lo que derivó en una condena por un delito contra la ordenación del territorio declarada firme por la Audiencia de Las Palmas. Alegaciones a favor del indulto
La Fiscalía reconoce en su último informe – el del sábado recieén pasado- que Hernández no ha derribado ninguna de esas dos obras y que, de hecho, la Guardia Civil ha comprobado que ha ejecutado “nuevas construcciones de ampliación de la vivienda”, en una actitud que denota una “clara rebeldía”.
Sin embargo, entiende que procedía suspender su ingreso en prisión hasta que se pronuncie sobre el indulto el Consejo de Ministros porque su condena es de corta duración (seis meses) y porque ha satisfecho la multa que también se le impuso (700 euros). Además, alega en favor de esa medida que la entrada en prisión puede ocasionar a Josefa Hernández “perjuicios irreparables que harían perder al indulto su finalidad” y que esperar a que se resuelva esa solicitud “no ocasiona una lesión específica y grave a los derechos o libertades fundamentales de terceros”.
También recuerda que tiene hijos y nietos a su cargo, que han transcurrido ocho años desde que cometió el delito (2007) y que a su favor hay una posición pública del Ayuntamiento de Betancuria y “cierto fervor popular acreditado en la recogida de firmas”.
Sin embargo, el fiscal advierte a Josefa Hernández de que su negativa a derribar la vivienda “no favorecerá la decisión que en su caso haya de informar acerca de la concesión del indulto”. En los últimos días, Josefa Hernández ha explicado que no ha derribado su casa porque no tiene otro lugar donde vivir con su familia y que, si hizo obras de mejora en ella después de la sentencia, fue porque temía que los Servicios Sociales le quitaran a sus nietos por no tener la vivienda en condiciones.
