Durante una visita el año pasado, sobre el muro se veían seis de sus fotografías favoritas, incluidas aquellas donde aparece con la reina Isabel II y Kim Jong-un. Se podían ver expuestas monedas de membresía, una placa conmemorativa de su muro fronterizo y un retrato del expresidente hecho con casquillos de bala, regalo de Jair Bolsonaro, a quien llaman el Trump de Brasil.
Se ha convertido en la fortaleza de Trump en el exilio y en su sala de guerra, el cuartel general del extenso conflicto de rápido crecimiento con los investigadores que ha llegado a consumir la etapa posterior a su presidencia. Se trata de una guerra en varios frentes, con campos de batalla en Nueva York, Georgia y la capital del país, con una lista cambiante de abogados y una ventisca de acusaciones de irregularidades que son difíciles de seguir.
Nunca antes un expresidente se había enfrentado a un conjunto de investigaciones federales, estatales y del Congreso tan amplio como el de Trump, las consecuencias acumuladas de una carrera empresarial y, al final, política vivida al límite o tal vez por encima del límite. Ya sea en relación con sus prácticas empresariales engañosas, de sus esfuerzos por anular unas elecciones democráticas o de su negativa a entregar documentos gubernamentales confidenciales que no le pertenecían, los diversos problemas jurídicos de Trump se derivan de la misma sensación de que las normas que limitan a los demás no aplican para él.
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El relato de cómo llegó a este punto es único en la historia y bastante predecible. Desde hace medio siglo, Trump ha evadido investigaciones y problemas legales, desde que el Departamento de Justicia demandó a su empresa familiar por discriminación racial y a través de las innumerables investigaciones que le siguieron a lo largo de los años. Cuenta con un notable historial de esquivar los peores resultados, pero puede que incluso él se encuentre ahora con tantas investigaciones apuntando en su dirección que la salida sea incierta.
Cuando comenzó a perder batallas jurídicas con regularidad ya como presidente, arremetió contra el sistema de justicia. En un momento dado, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito, un tribunal liberal por tradición con sede en California, falló en contra de una de sus políticas, exigió a sus asesores que se deshicieran del tribunal. “Cancelémoslo”, dijo, como si se tratara de un acto de campaña y no de un sistema judicial establecido por ley. Si para ello es necesario redactar una legislación, que se haga un proyecto de ley para “deshacernos” de los jueces, dijo, utilizando un improperio.
Pero sus asistentes lo ignoraron y ahora se encuentra sin el poder de la presidencia, frente a una serie de fiscales y abogados que lo tienen a él y a sus socios en la mira. Algunas de las cuestiones son añejas, pero muchas de las semillas de su actual peligro jurídico se plantaron en esos frenéticos últimos días en el cargo, cuando trató de anular la voluntad de los electores y aferrarse al poder mediante una serie de mentiras sobre un fraude electoral inexistente.
Es bastante comprensible que muchos estadounidenses hayan perdido el hilo de todas las investigaciones en medio del torbellino de mociones, audiencias y sentencias de las últimas semanas. Pero, en esencia, se resumen a lo siguiente.
Estado de Nueva York
Mucho antes de llegar a la presidencia, se puede decir que Trump, en muchos sentidos, se tomaba a la ligera sus negocios. La pregunta es si violó la ley de alguna manera. Durante años, según sus propios socios, infló el valor de varias propiedades para obtener préstamos.
Durante más de tres años, Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, ha venido analizando sus prácticas comerciales para determinar si constituyeron fraude. Cuando citó a Trump para que testificara, él invocó más de 400 veces el derecho que otorga la Quinta Enmienda para no responder preguntas con base en que sus respuestas podrían incriminarlo.
Trump ha atacado a James con el argumento de que es una demócrata partidista que lo persigue por motivos políticos. Durante su candidatura de 2018, ella criticó a Trump sin rodeos, dijo que era un “presidente ilegítimo” y sugirió que los gobiernos extranjeros canalizaron dinero a las propiedades inmobiliarias de su familia, lo que caracterizó como un “patrón y práctica de lavado de dinero”.
Hace poco, los abogados de Trump trataron de llegar a un acuerdo en el caso, lo que podría indicar preocupación por su riesgo jurídico, pero James rechazó su oferta. Debido a que su investigación es civil, no penal, ella tendría que decidir si sus hallazgos justifican una demanda en la que se acuse de fraude al expresidente.
Manhattan
La fiscalía de distrito de Manhattan, ahora a cargo de Alvin L. Bragg, se ha ocupado de algunas de las mismas cuestiones como parte de una investigación penal y está a punto de llevar a juicio a partir del 24 de octubre a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente, por cargos de fraude y evasión fiscal.
Allen H. Weisselberg, el director de finanzas de toda la vida de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que se asoció ilegalmente con la empresa para implementar un plan con la finalidad de evadir impuestos sobre lujosas prebendas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg está obligado a testificar en el próximo juicio. Pero Trump no es acusado en ese juicio y Weisselberg se negó a cooperar con la investigación más extensa.
Georgia
Trump se puso en un posible riesgo jurídico en el estado pendular de Georgia el 2 de enero de 2021, cuando llamó a Brad Raffensperger, el secretario de estado, y le exigió “encontrar 11.780 votos”, los suficientes para cambiar el resultado y arrebatarle el estado a Joe Biden. Durante la llamada, Trump le advirtió a Raffensperger, republicano, que enfrentaba un “gran riesgo” si no lograba encontrar esos votos, una amenaza implícita que el georgiano desafió.
Los aliados de Trump también intentaron presionar a los funcionarios estatales para que cambiaran los resultados y, como hicieron en otros estados clave que ganó su opositor, trataron de armar una lista de electores falsos para enviarlos a Washington para que votaran en el Colegio Electoral a favor del presidente derrotado en lugar de Biden, que ganó el voto popular en Georgia.
Fani T. Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, lanzó una amplia red y presionó para obtener la declaración del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham e informó a Rudy Giuliani, el abogado del expresidente, que también es parte de su investigación.
Willis parece estar construyendo un posible caso de asociación delictuosa para cometer fraude electoral o chantaje mediante un esfuerzo coordinado para socavar las elecciones. Además de Giuliani, se ha informado a múltiples aliados del expresidente que también se les investiga, incluido el presidente del partido estatal y los miembros de la lista de electores falsos.
Congreso
La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, ha hecho más por exponer un posible caso penal contra Trump en el espacio público que cualquiera de los perseguidores del expresidente.
En su serie de audiencias a lo largo del verano, que podrían reanudarse el 28 de septiembre, los asesores de Trump rindieron testimonio e indicaron que se le informó en varias ocasiones que las elecciones de 2020 no habían sido robadas, que lo que estaba diciendo a la opinión pública no era cierto, que no había fundamentos para impugnar el resultado e incluso que la multitud que convocó el 6 de enero incluía a algunas personas armadas.
La comisión documentó la amplitud de los esfuerzos de Trump para aferrarse al poder: cómo presionó no solo a Raffensperger, sino a funcionarios en varios estados para que cambiaran los resultados, cómo contempló declarar la ley marcial y apoderarse de máquinas electorales, cómo trató de obligar al Departamento de Justicia para que interviniera aun cuando se le dijo que no había motivos, cómo conspiró con aliados del Congreso para llevar electores falsos a la votación del Colegio Electoral y en última instancia cómo trató de obligar a su propio vicepresidente a bloquear la victoria de Biden.
La comisión no tiene facultades para iniciar un proceso judicial, pero acudió a los tribunales para hacer cumplir citatorios para testificar e hizo que el Departamento de Justicia emitiera cargos por desacato al Congreso en contra de Steve Bannon y Peter Navarro, dos exaliados de Trump. Bannon fue condenado y espera su sentencia; Navarro solicitó al tribunal que desestimara su caso.
Sin embargo, aunque los legisladores no pueden acusar a Trump, están debatiendo si deben recomendar al Departamento de Justicia que lo haga. Eso tiene poco significado sustantivo, pero incrementaría la importancia del fiscal general Merrick Garland.
6 de enero
En muchos sentidos, Garland sigue siendo el mayor misterio a medida que Trump busca obstaculizar a los investigadores. Garland, un exfiscal y juez de apelación ecuánime y bastante respetado, no ha dicho mucho para dar pistas, pero es evidente que su departamento está siguiendo múltiples líneas en su investigación sobre lo que ocurrió antes del 6 de enero y ese día.
El departamento ha entrevistado o llevando ante un gran jurado a exasistentes de la Casa Blanca, como Pat A. Cipollone y Marc Short; también incautó los teléfonos o dispositivos electrónicos de aliados de Trump como John Eastman, Jeffrey Clark y Mike Lindell y hasta de un miembro del Congreso y en fechas recientes envió cerca de 40 citatorios a exasesores de la Casa Blanca, entre los cuales se encuentran Stephen Miller y Dan Scavino, además de otros personajes cercanos al expresidente.
Tras pasar buena parte de los últimos 18 meses procesando a cientos de seguidores de Trump que ingresaron por la fuerza al Capitolio, el equipo de Garland ahora parece estar analizando varios ángulos, incluido el plan de los electores falsos, la operación de recaudación de fondos de Trump mientras promovía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y la intervención del presidente mismo para tratar de anular las elecciones.
Documentos clasificados
Por si Trump no estaba expuesto a suficientes problemas jurídicos en sus últimos días en el cargo, tomó decisiones al irse de la Casa Blanca que también volverían a perseguirlo.
La última amenaza para el expresidente se deriva de su insistencia en volar a casa con miles de documentos propiedad del gobierno, incluidos cientos marcados con varias designaciones de clasificado, y de no haberlos devuelto todos cuando se le pidió hacerlo.
El equipo de Garland ha indicado en documentos judiciales que no solo está analizando los cargos penales relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, sino, además, la obstrucción de la justicia. Un abogado de Trump firmó un documento que afirmaba que su cliente había devuelto todos los documentos clasificados en su poder, lo cual se comprobó que era falso cuando los agentes del FBI allanaron Mar-a-Lago y encontraron cajas de esos documentos. Los investigadores indicaron que los archivos tal vez fueron escondidos y cambiados de ubicación en lugar de entregados.
La estrategia jurídica de Trump en el caso de los documentos se parece al método que ha tomado a lo largo de los años: encontrar maneras de retrasar y despistar a sus adversarios. Al convencer a un juez federal al que confirmó en el puesto durante los últimos días de su presidencia para que impidiera que los investigadores usaran los documentos recuperados mientras los analiza un maestro especial, les ató las manos a los fiscales por el momento.
