Con base en lo que se ha dado a conocer, hagamos un análisis:
¿En qué se parecen las situaciones?
A un nivel elemental, ambas están relacionadas con archivos oficiales que contienen leyendas de clasificación que han acompañado a Trump y a Biden después de que dejaron el cargo. Según la Ley de Registros Presidenciales, los registros de la Casa Blanca deben enviarse a la Administración Nacional de Archivos y Registros cuando un presidente termina su mandato. Por lo general, los ciudadanos particulares carecen de autorización para conservar documentos clasificados y las normas exigen que dichos archivos sean almacenados de manera segura.
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El Departamento de Justicia está analizando ambas situaciones. En el caso de Trump, el fiscal general Merrick Garland nombró como consejero especial a Jack Smith, para que se hiciera cargo de la investigación. En el caso de Biden, Garland designó a un fiscal nombrado por Trump, John R. Lausch Jr., para que llevara a cabo una investigación inicial a fin de ayudarlo a determinar si nombraba o no a un consejero especial.
¿Qué diferencia hay entre las dos situaciones?
Hay lagunas clave en el registro público sobre ambos, pero la información disponible sugiere que hubo diferencias significativas en cómo salieron a la luz los documentos, su volumen y —lo más importante— cómo respondieron Trump y Biden. Trump y sus asistentes se resistieron a los repetidos esfuerzos del gobierno por recuperarlos todos, mientras que los abogados de Biden informaron del problema y la Casa Blanca dice que cooperó por completo. Estas aparentes diferencias tienen implicaciones legales.
En el caso de Trump, varios cientos de archivos gubernamentales marcados como clasificados —junto con miles de documentos y fotografías no clasificadas— acabaron en su club y residencia de Florida, Mar-a-Lago, tras su salida de la presidencia. Algunos estaban en cajas en un clóset de almacenamiento bajo llave y el FBI descubrió otros en la oficina de Trump, incluido su escritorio, según el expediente judicial.
En el caso de Biden, la Casa Blanca comentó el lunes en una declaración que “un pequeño número de documentos marcados como clasificados” se habían encontrado en un clóset bajo llave en la oficina de un grupo de expertos, el Penn Biden Center. Agregó que Biden había usado ese espacio de manera periódica tras dejar el cargo de vicepresidente en 2017 y hasta que comenzó su campaña a la presidencia de 2020.
¿Cómo llegaron ahí los archivos?
Como presidente, se dice que en ocasiones Trump se llevaba archivos del Despacho Oval a las zonas residenciales de la Casa Blanca. Durante el caos de sus últimos días en el cargo, después de intentar aferrarse al poder, al parecer esos archivos fueron empacados con artículos personales como ropa y recuerdos y enviados a Mar-a-Lago.
Aún no se sabe cómo los archivos del gobierno de Obama acabaron en el Penn Biden Center. El martes, Biden dijo que se tomaba muy en serio la información clasificada y que le “sorprendió saber que ahí había registros del gobierno que acabaron en esa oficina”.
En el caso de Trump, en la primavera de 2021, la Administración Nacional de Archivos se dio cuenta de que faltaban archivos de importancia histórica y le solicitó a Trump que los devolviera. La agencia acabó recuperando 15 cajas y descubrió que incluían documentos marcados como clasificados. El Departamento de Justicia recuperó registros adicionales tras emitir una orden judicial, pero obtuvo pruebas de que Trump aún tenía más.
En el caso de Biden, la Casa Blanca ha dicho que sus abogados descubrieron los archivos el 2 de noviembre cuando estaban haciendo las maletas para desalojar la oficina en el Penn Biden Center y agregaron que “los documentos no fueron objeto de ninguna petición o investigación previa por parte del organismo encargado de resguardar esos archivos”.
¿Cómo respondieron?
Ambos hombres respondieron de forma muy distinta.
El equipo de Biden informó del problema a la Administración Nacional de Archivos el mismo día en que detectaron los documentos y la agencia recuperó los materiales a la mañana siguiente, según informó la Casa Blanca. Añadió que desde entonces el equipo de Biden ha cooperado con la Administración Nacional de Archivos y el Departamento de Justicia “para garantizar que todos los registros del mandato de Obama y Biden estén en posesión de la Administración Nacional de Archivos”.
El martes, Biden declaró que sus abogados habían actuado de manera adecuada: llamaron de inmediato a la Administración Nacional de Archivos para entregar el material. “Estamos cooperando plenamente (cooperando por completo) con la revisión, que espero que termine en breve”, afirmó el presidente.
Por el contrario, Trump y sus asistentes retrasaron durante meses la respuesta a las repetidas solicitudes de la Administración Nacional de Archivos y luego no cumplieron del todo con la orden judicial mientras argumentaban con falsedad que sí lo habían hecho. Una presentación de documentos ante el tribunal también sugiere que las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que “es probable que los registros del gobierno fueran ocultados y retirados” del depósito de Mar-a-Lago después de la orden judicial.
Trump ha atacado en repetidas ocasiones a la Administración Nacional de Archivos por informar al Departamento de Justicia sobre el asunto y ha calificado la investigación de ilegítima. Un juez federal está considerando declarar a su equipo en desacato por incumplir con la orden judicial.
Trump afirmó de forma pública que, antes de dejar el cargo, desclasificó todo lo que apareció en Mar-a-Lago. No ha aparecido ninguna prueba creíble que respalde esa afirmación y sus abogados se han resistido a repetirla en los tribunales, donde mentir tiene consecuencias profesionales (además, los posibles delitos citados en la declaración jurada utilizada para registrar la residencia de Trump en Florida no dependen de si los documentos clasificados se manipularon mal).
Aunque la orden ejecutiva que rige el sistema de información clasificada otorga a los vicepresidentes el mismo poder para desclasificar documentos reservados que el que ostentan los presidentes, Biden no ha afirmado que él desclasificara los materiales encontrados en el clóset del Penn Biden Center. El martes dijo que desconocía qué documentos eran.
Las consecuencias de estas diferencias son importantes, aunque aún podría salir a la luz más información.
Una cuestión es si la manipulación de información clasificada fue intencional. Por ejemplo, una disposición de la Ley de Espionaje tipifica como delito que alguien, sin autorización, retenga de manera premeditada información de seguridad nacional “y no la entregue cuando se le solicite” a un funcionario facultado para custodiarla.
La solicitud de registro de Mar-a-Lago citaba la Ley de Espionaje, así como las leyes contra la destrucción de documentos oficiales y la obstrucción de una actuación oficial. Que el FBI descubriera documentos adicionales marcados como clasificados en su allanamiento de Mar-a-Lago también supone la posibilidad de que el equipo de Trump desafiara la orden judicial y realizara declaraciones falsas.
