Este tipo de crisis, en las que el destino de la democracia queda en manos de un puñado de funcionarios, rara vez se resuelven únicamente con principios legales o constitucionales, incluso si estos son citados luego como justificación.
En su lugar, la resolución está por lo general determinada por las élites políticas que logren formar rápidamente una masa crítica a favor de un resultado. Y esos funcionarios deben seguir cualquier motivación (principios, antipatía partidista, interés propio) que los movilice.
En conjunto, la historia de las crisis constitucionales modernas destaca algunas duras verdades sobre la democracia. Las normas supuestamente fundamentales, como elecciones libres o el Estado de derecho, aunque se presenten como si estuvieran cimentadas de manera irreversible en las bases de la nación, en realidad solo son tan sólidas como el compromiso de quienes estén en el poder. Y si bien una crisis puede ser una oportunidad para que los líderes refuercen las normas democráticas, también puede ser una oportunidad para revisarlas o revocarlas por completo.
Por ejemplo, en medio de las elecciones de Yugoslavia del 2000, la oposición declaró que había obtenido suficientes votos para destronar al presidente Slobodan Milosevic, cuyo gobierno aseguró falsamente que la oposición se había quedado corta.
Ambas partes apelaron a los principios constitucionales, los procedimientos legales y, con furiosas protestas, a la voluntad del pueblo. Al final, una masa crítica de funcionarios del gobierno y de la policía, incluidos algunos en puestos necesarios para certificar el resultado, señalaron que, por razones que variaban de persona a persona, tratarían a Milosevic como el perdedor de las elecciones. Posteriormente, el nuevo gobierno lo extraditó para enfrentar cargos por crímenes de guerra en La Haya, en los Países Bajos.
Los estadounidenses parecieran tener más cosas en común con Perú. Allí, en 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso controlado por la oposición, que estaba haciendo gestiones para destituirlo. Los legisladores de todo el espectro votaron rápidamente para remplazar a Fujimori con su propio vicepresidente, quien se había opuesto al abuso de poder presidencial.
Ambos lados aseveraron estar defendiendo la democracia de la amenaza que representaba el otro. Ambos apelaron a las fuerzas militares de Perú, que tradicionalmente había desempeñado un rol de árbitro final, de forma casi similar al de una corte suprema. El pueblo, profundamente polarizado, se dividió. Los militares también se dividieron en dos bandos.
En el momento más crítico, una cantidad suficiente de élites políticas y militares indicó su apoyo a Fujimori y logró que prevaleciera. Se juntaron de manera informal, cada uno reaccionando a los eventos de manera individual. Muchos apelaron a diferentes fines, como la agenda económica de Fujimori, la sensación de estabilidad o la posibilidad de que su partido prevaleciera bajo el nuevo orden.
Perú cayó en un cuasiautoritarismo, con derechos políticos restringidos y elecciones celebradas, pero bajo términos que favorecían a Fujimori, hasta que fue destituido de su cargo en 2000 por acusaciones de corrupción. El año pasado, su hija se postuló para la presidencia como una populista de derecha y perdió por menos de 50 mil votos.
La América Latina moderna ha enfrentado repetidamente este tipo de crisis. Esto, según muchos académicos, no se debe tanto a rasgos culturales compartidos, sino más a una historia de intromisión de Guerra Fría que debilitó las normas democráticas. También surge de sistemas presidenciales de estilo estadounidense y de la profunda polarización social que allana el camino para el combate político extremo.
Las democracias presidenciales, al dividir el poder entre ramas en competencia, crean más oportunidades para que cargos rivales se enfrenten, incluso hasta el punto de usurparse unos a otros los poderes. Dichos sistemas también enturbian las preguntas sobre quién está al mando, lo que obliga a sus ramas o poderes a resolver disputas de manera informal, sobre la marcha y, en ocasiones, por la fuerza.
Venezuela, que solía ser la democracia más antigua de la región, sufrió una serie de crisis constitucionales cuando el entonces presidente Hugo Chávez se enfrentó con jueces y otros órganos gubernamentales que bloquearon su agenda. Cada vez, Chávez —y luego su sucesor, Nicolás Maduro— apeló a los principios legales y democráticos para justificar el debilitamiento de esas instituciones hasta que, con el tiempo, las acciones de los líderes, en apariencia para salvar la democracia, prácticamente las destriparon.
Las presidencias no son comunes en las democracias occidentales. Una de las pocas, en Francia, experimentó su propia crisis constitucional en 1958, año en el que se evitó un intento de golpe militar cuando el líder Charles de Gaulle se otorgó poderes de emergencia para establecer un gobierno de unidad que satisficiera a los líderes civiles y militares.
Si bien otros tipos de sistemas pueden caer en grandes crisis, a menudo se debe a que, al igual que en una democracia presidencial, los centros de poder en rivalidad chocan hasta el punto de intentar invadir al otro.
Aun así, algunos académicos argumentan que los estadounidenses que esperan comprender la trayectoria de su país no deberían mirar a Europa, sino a América Latina.
Ecuador estuvo cerca del precipicio en 2018 debido al esfuerzo del entonces presidente Rafael Correa de extender sus propios límites de mandato. Pero cuando los votantes y la élite política se opusieron, Correa dejó el cargo de manera voluntaria.
En 2019, Bolivia se sumió en el caos en medio de una elección disputada. Aunque la opinión pública estuvo dividida, las élites políticas y militares señalaron que creían que el líder de izquierda en funciones en aquel momento, Evo Morales, debía dejar el cargo y prácticamente lo obligaron a hacerlo.
Sin embargo, cuando el remplazo de derecha de Morales no pudo evitar meses de inestabilidad y turbulencia y luego se dispuso a posponer las elecciones, muchas de esas mismas élites presionaron para que se realizaran elecciones rápidamente, lo que benefició al sucesor elegido por Morales.
La frase “élites políticas” puede evocar imágenes de poderosos que fuman puros y se reúnen en secreto para mover los hilos de la sociedad. En realidad, los académicos usan el término para describir a legisladores, jueces, burócratas, autoridades policiales y militares, funcionarios locales, líderes empresariales y figuras culturales, la mayoría de los cuales nunca coordinarían directamente, muchos menos acordarían qué es lo mejor para el país.
Aun así, son esas élites las que, en colectivo, preservan la democracia día a día. Del mismo modo en que el papel moneda solo tiene valor porque todos lo tratamos como valioso, las elecciones y las leyes solo tienen poder porque las élites se despiertan cada mañana y las consideran primordiales. Es una especie de pacto, en el que los poderosos se vinculan voluntariamente a un sistema que también los restringe.
“Una democracia organizada y en buen funcionamiento no nos exige pensar activamente en qué la sostiene”, me dijo Tom Pepinsky, politólogo de la Universidad Cornell, poco después de los disturbios en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. “Es un equilibrio; todos están motivados a participar como si continuara”.
Pero en una enorme crisis constitucional, cuando las normas y reglas destinadas a guiar la democracia se ponen en duda o se dejan de lado por completo, esas élites, súbitamente, se enfrentan a la pregunta de cómo —o si se debe— mantener su pacto democrático.
No siempre estarán de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para la democracia, para el país o para ellos mismos. En ocasiones, el impacto de ver la vulnerabilidad de la democracia los llevará a redoblar su compromiso con ella. En otras, a deshacerse de ese sistema en parte o en su totalidad.
El resultado, a menudo, es una lucha de élites que se presionan entre sí directamente, como lo hicieron muchos republicanos de alto rango y asesores de la Casa Blanca durante el 6 de enero, o mediante declaraciones públicas dirigidas a los miles de funcionarios que operan la maquinaria del gobierno.
Los académicos denominan esto como un “juego de coordinación”, en el que todos esos actores intentan comprender o influir en la manera en que otros responderán, hasta que surja un consenso mínimamente viable. Puede no parecerse tanto a una trama bien definida sino más bien a una manada de animales asustados, por lo que el resultado puede ser difícil de predecir.
Antes del 6 de enero, no había muchas razones para cuestionar el compromiso de los legisladores con la democracia. “No se había cuestionado si apoyaban o no la democracia en un sentido interno real; eso nunca había estado en juego”, afirmó Pepinsky.
Ahora, una crisis los había obligado a decidir si anular las elecciones, y eso demostró que no todos esos legisladores, de tener esa opción, votarían para defender la democracia. “Me ha sorprendido demasiado cuánto de esto en realidad depende de 535 personas”, confesó Pepinsky, refiriéndose a la cantidad de legisladores en el Congreso.
