Según Morataya, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 2012 indicó que anualmente 700 mil armas ilegales salen de Estados Unidos hacia México, de las cuales 300 mil llegan a la región centroamericana.
A esa cantidad hay que añadir las armas ilegales que entran provenientes de otras regiones.
Morataya hizo estas declaraciones durante el inicio de una capacitación de cuatro días en Panamá a jueces, fiscales, agentes policiales y otras autoridades contra el tráfico de armas, dentro del programa Casac, perteneciente al Sistema de Integración Centroamericano (Sica).
De acuerdo con el experto, la mayoría del tráfico de armas se da entre los propios países centroamericanos debido, principalmente, a que “las fronteras en nuestra región son bastante porosas y vulnerables.”
Las armas ilegales entran a Centroamérica por puntos fronterizos no vigilados, aduanas, puertos y aeropuertos. Ingresan tanto ocultas en equipajes como en vehículos o contenedores e incluso los traficantes las introducen por piezas, lo que hace más difícil que puedan ser detectadas, dijo Morataya.
-Región más violenta-
Centroamérica (especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador) es la región más violenta del mundo, con índices de homicidios que triplican el promedio mundial.
En particular, Honduras es calificado como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 66 por cada cien mil habitantes.
El 70% de los homicidios en la región son cometidos con armas de fuego y la mayoría están relacionados con el narcotráfico y las pandillas.
La mayoría de las armas con las que se cometen los delitos “son armas que han estado legalmente inscritas y pasan al anonimato después que han sido robadas, hurtadas, perdidas o extraviadas”, dijo Morataya.
Morataya llamó a los gobiernos de la región a “tomar medidas y acciones drásticas y concretas” para modernizar y armonizar las legislaciones entre los diferentes países y aumentar la cooperación policial.
Según el jerarca, el 40% de las armas que son perdidas o robadas pertenecen a las empresas de seguridad privada y un 58% a particulares.
