Según documentos judiciales presentados en una corte del Distrito de Columbia, la acusación solicita, además de la pena de prisión, el decomiso de US$1.5 millones.
La recomendación de la Fiscalía se produce menos de dos semanas antes de la sentencia de Coronel, prevista para el próximo 30 de noviembre, tras retrasarse desde el 15 de septiembre.
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El pasado 10 de junio, Coronel, de 31 años y que permanece presa sin fianza desde su arresto en el aeropuerto Dulles de Virginia en febrero, se declaró culpable de dos delitos de conspirar para la importación de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a EE. UU. y para el blanqueo de dinero, además de otro delito relacionado con las operaciones financieras en las propiedades comerciales y residenciales del Chapo, todo ello a lo largo de su matrimonio.
En concreto, la Fiscalía la acusa de conspirar para distribuir al menos cinco kilos de cocaína, un kilo de heroína, 500 gramos de metanfetaminas y una tonelada de marihuana, y señala que desde 2011 hasta al menos enero de 2017 colaboró en las actividades del tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.
Además, asegura que desde que se casó con Guzmán en 2007 y hasta que fue arrestada el 22 de febrero de 2021, Coronel se benefició conscientemente de las ganancias del tráfico de drogas de su marido.
Pese a ello, según el acuerdo de culpabilidad que alcanzaron Coronel y la Fiscalía en junio, se considera que la esposa del capo de la droga fue una “participante mínima” en las actividades de narcotráfico y se señala su aparente “aceptación de responsabilidades”, razón por la que se habría propuesto una pena de cárcel por debajo de los 10 años mínimos estipulados.
El arresto de Coronel el pasado febrero sorprendió a muchos, ya que las autoridades estadounidenses no habían dado ningún paso al respecto dos años después de la condena de su marido pese a estar implicada en sus actividades.
