Ahora, más de dos años después, tras largos estudios sobre cómo las autoridades chinas podrían utilizar la aplicación para todo, desde la vigilancia a las operaciones de información, el gobierno de Biden está probando una medida sorprendentemente similar. Está mejor organizada, examinada por juristas y coordinada con nuevos proyectos de ley en el Congreso que parecen contar con un considerable apoyo bipartidista.
Sin embargo, poner TikTok a salvo de la explotación china —como herramienta para que los funcionarios chinos vigilen los gustos y el paradero de los estadounidenses, como punto de entrada a los teléfonos que contienen toda su vida y como forma de bombear desinformación— resulta más difícil de lo que parece.
Las tensiones en torno a la aplicación llegarán a su punto álgido el jueves, cuando el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, ubicado en Singapur, testifique ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, una audiencia que dará a demócratas y republicanos por igual la rara oportunidad de expresar sus sospechas directamente a la empresa. El martes, Chew publicó un TikTok desde la cuenta principal de la empresa, declarando que “algunos políticos” están intentando quitar la aplicación a 150 millones de usuarios en Estados Unidos, incluyendo pequeñas empresas.
No obstante, después de dos años de negociaciones con TikTok sobre la incorporación de nuevas protecciones, no está claro que haya nada que la empresa pueda hacer, salvo entregar toda la operación a los estadounidenses, que satisfaga las preocupaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. El segundo funcionario del Departamento de Justicia y otros han rechazado de hecho las propuestas de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, para responder a estas preocupaciones.
Cualquier decisión de eliminar la aplicación, ya sea prohibiéndola para 150 millones de usuarios en Estados Unidos o bloqueando nuevas descargas, sería políticamente tensa para Biden. Nadie ha resumido mejor el dilema político que Gina Raimondo, la secretaria de Comercio, que está en el centro de los nuevos controles de exportación impuestos a los productos de alta tecnología destinados a China.
“La política que hay en mí piensa que se perderán literalmente a todos los votantes menores de 35 años, para siempre”, declaró hace poco a Bloomberg News.
Raimondo y otros funcionarios añaden rápidamente que la mala política no es razón para dar marcha atrás en una prohibición total si la amenaza a la seguridad nacional lo justifica. El problema se complica aún más por el hecho de que algunas de las mayores organizaciones de noticias del mundo, incluyendo The New York Times, tienen ahora cuentas de TikTok, lo que significa que cerrar la aplicación podría parecer que se está cerrando la difusión de noticias basadas en hechos para contrarrestar la desinformación china.
“Mucho de esto es un juego de quién cede primero”, comentó James A. Lewis, que dirige el programa de ciberamenazas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Pero cree que Biden tiene muchas más posibilidades de éxito que su predecesor.
“A diferencia del gobierno de Trump, creo que esta administración tiene una oportunidad de ganar: las actitudes han cambiado en torno a China”, señaló. Varios nuevos proyectos de ley que, de diferentes maneras, darían nueva autoridad explícita al presidente para cerrar TikTok han recibido apoyo bipartidista. Están impulsados por la conclusión de la comunidad de inteligencia, contenida en la Evaluación de la Amenaza Mundial entregada al Congreso, de que China sigue siendo la ciberamenaza “más amplia, activa y persistente” para el país.
Sin embargo, hasta ahora, la amenaza de TikTok es en gran medida teórica.
Ha habido un puñado de casos de abuso, incluyendo los esfuerzos por geolocalizar a los reporteros que publicaron información filtrada sobre la empresa. No obstante, el gobierno no ha presentado pruebas exhaustivas y desclasificadas de un esfuerzo sistemático para utilizar la aplicación con el fin de promover los esfuerzos de recaudación del gobierno chino.
Eso no ha impedido que casi 30 estados prohíban TikTok en los teléfonos oficiales del gobierno o de los contratistas, y también se está obligando a los empleados federales a eliminarla, aunque no de sus dispositivos personales.
Hay tres áreas de clara preocupación. El primero es dónde almacena TikTok los datos de sus usuarios estadounidenses. Hasta hace poco, gran parte de ellos estaban en servidores gestionados por ByteDance en Singapur y Virginia, lo que muchos temían que permitiera a China exigir a TikTok que entregara los datos de los usuarios en virtud de las leyes de seguridad nacional de Pekín. Este año, TikTok trató de adelantarse a este argumento afirmando que eliminaría los datos de sus usuarios estadounidenses de los servidores de ByteDance y los trasladaría a servidores gestionados por Oracle, una empresa estadounidense de computación en nube.
Luego, viene la cuestión más difícil: quién escribe el algoritmo, el código, la receta secreta de TikTok. Ese código evalúa las elecciones de un usuario y las utiliza para seleccionar más material con el que alimentar al usuario: una rutina de baile favorita o quizá una noticia interesante. Los algoritmos han sido escritos en China por ingenieros chinos que han perfeccionado el arte de ofrecer a los usuarios lo que quieren ver. Lo que preocupa, según escribieron hace poco Matt Perault y Samm Sacks en el blog Lawfare, es que “TikTok pueda decidir unilateralmente dar prioridad a contenidos que amenacen o desestabilicen a Estados Unidos”. De nuevo, aún no ha ocurrido, al menos no a través de TikTok.
Y, por último, está la cuestión de si una aplicación cuyo algoritmo pocos entienden podría ser una puerta de entrada para extraños, incluido el Ministerio de Seguridad del Estado chino, para entrar en los celulares de los estadounidenses, para averiguar no sus preferencias de baile, sino el vasto tesoro de datos que llevan en sus bolsillos.
En noviembre, Christopher Wray, director del FBI, advirtió que el gobierno chino podría utilizar el algoritmo de TikTok para llevar a cabo “operaciones de influencia”. El general Paul Nakasone, jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos y director de la Agencia de Seguridad Nacional, se hizo eco de esas preocupaciones este mes, diciendo que “no es solo el hecho de que se puede influir en algo, sino que también se puede desactivar el mensaje cuando se tiene una población tan grande de oyentes”.
TikTok ha querido responder a la preocupación por la desinformación con una larga lista de políticas actualizadas para moderar los videos, incluyendo nuevas restricciones y normas de etiquetado para los ultrafalsos (“deepfakes”), videos falsos de gran realismo realizados con inteligencia artificial. TikTok, por ejemplo, no permitirá ultrafalsos de figuras privadas y prohibirá los de figuras públicas si el contenido se utiliza para promocionar. También ofreció más detalles sobre cómo “protegerá la integridad cívica y electoral”.
Un portavoz de TikTok no respondió a una solicitud para hacer comentarios.
Según su última propuesta, TikTok no solo almacenaría los datos de los usuarios estadounidenses en los servidores de Oracle en Estados Unidos, sino que la empresa de computación en nube también supervisaría su algoritmo de recomendación de contenidos, lo que, según TikTok, es una forma de evitar que la aplicación se utilice para difundir propaganda. Y la entidad que gobierne la aplicación en Estados Unidos estaría supervisada por un consejo de tres personas aprobadas por el gobierno.
Pero esa propuesta no satisfizo a los halcones de Washington. Algunos miembros del gobierno —incluyendo a Lisa Monaco, fiscal general adjunta— temían que sus condiciones no fueran lo bastante estrictas. El gobierno también se enfrentó a la creciente presión de los legisladores que decían que la aplicación debía prohibirse por completo.
Ahora, el gobierno de Biden está siguiendo una nueva estrategia.
Públicamente, respaldó a principios de este mes la legislación de un grupo bipartidista de senadores que daría al Departamento de Comercio un poder más claro para prohibir la aplicación, posiblemente restaurando la influencia del gobierno sobre ByteDance. En privado, funcionarios del gobierno dijeron a TikTok que querían que su propietario chino vendiera la aplicación o se enfrentara a una posible prohibición. En caso de que se apruebe la ley, reforzaría de manera significativa la posición del gobierno a la hora de forzar la venta.
Peter Harrell, abogado y exdirector de Economía Internacional y Competitividad del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que la legislación propuesta es “importante porque, en sus relaciones con TikTok y otras aplicaciones chinas, Estados Unidos necesita una autoridad legal clara para regular y obligar a actuar”, algo que no existe en la legislación actual.
Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios más allá de señalar su apoyo a la legislación.
