El pasado 30 de septiembre se venció el plazo para que la justicia salvadoreña accediera a enviar en extradición a Melgar Díaz, algo a lo que ya había accedido en junio del 2021, pero que se frenó por un recurso que interpuso José Ángel Pérez Chacón, un exasesor de la Presidencia de la República, que recién se había convertido en magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De hecho, Pérez Chacón es uno de los magistrados que el 1 de mayo de 2021 llegó a dicha Sala —la máxima corte de El Salvador— después de que el Congreso, aliado del presidente Nayib Bukele, destituyó a todos los magistrados, en una acción calificada por la crítica de ilegal e incluso de golpe de Estado.
La extradición había quedado en el aire luego del recurso presentado, hasta que un mes después, en agosto del año pasado, se supo que la CSJ había revocado la decisión de enviar a Melgar Díaz a EE. UU. para que respondiera por los señalamientos que le hacía el Departamento de Justicia.
EN ESTE MOMENTO
El argumento, era que no había garantías de que el “Blue” no sería condenado a la pena de muerte.
De cualquier forma, quedaba de plazo hasta el 30 de septiembre de este año para concretar la extradición, pero un día antes, según lo publicado por el medio Factum, los magistrados de la CSJ acordaron no entregarlo, para que fuera procesado en El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, proposición y conspiración para el delito de homicidio.
¿Se tensarán las relaciones?
Esta negativa de El Salvador podría tensar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países, cargadas de una retórica confrontativa desde que Bukele llegó a la Presidencia y que se acentuaron cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca.
Un análisis de Insight Crime, centro de pensamiento especializado en crimen organizado y seguridad en América, dice que Melga Díaz “no es un líder cualquiera” de la MS-13 y que “el Gobierno de EE. UU. considerará la negativa a extraditarlo como una muestra de desprecio del presidente Bukele hacia sus fiscales”.
Destaca que el entonces fiscal general Bill Barr anunció los cargos históricos contra Melgar Díaz desde la Casa Blanca con la presencia del expresidente Donald Trump y que “nunca se había visto que funcionarios de tan alto rango señalaran a la MS-13 de manera deliberada con tanto despliegue publicitario”.
Además, en junio pasado la embajada de EE. UU. en El Salvador había instado a las autoridades de ese país a extraditar a Melgar Díaz y a los otros líderes de pandillas, llamado que, a la luz de los hechos, no tuvo efecto.
La decisión del Estado salvadoreño no deja de llamar la atención de analistas salvadoreños que ven contradictorio que no se entregue a el “Blue” a la justicia estadounidense en medio de la “guerra antipandillas” que mantiene Bukele desde marzo pasado que lo ha llevado a promulgar estados de excepción que han facilitado la detención de unas 50 mil personas sospechosas de pertenecer a una pandilla.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias e ilegales y abusos que han ocurrido a raíz de los estados de excepción.
“Es una gran contradicción porque —Bukele— está en una guerra contra las pandillas, pero está protegiendo de forma muy dudosa a un miembro de una pandilla, con dudosos argumentos jurídicos”, dijo a Prensa Libre Eduardo Escobar, analista político salvadoreño.
Subrayó que “probablemente” esta protección se debe a que el Gobierno pretende proteger a algún funcionario que podría ser señalado en una corte estadounidense si finalmente el “Blue” es llevado a ese país.
¿Quién es el Blue?
Las acusaciones de terrorismo contra Melgar Díaz en EE. UU. son parte de una ofensiva legal que el gobierno del expresidente Donald Trump inició y que continuó con la actual administración.
“El Blue” es uno de los cabecillas de la MS13 que cuenta con diversos antecedentes. El Departamento de Justicia de EE. UU. indicó en un informe que Melgar Díaz tiene una amplia trayectoria criminal.
Es acusado de conspirar para brindar apoyo material a terroristas; matar o mutilar a personas en el extranjero; cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales; financiar el terrorismo, y de dedicarse a la extorsión y narcotráfico.
