“El capitán Quiroga, que fue piloto del avión que se accidentó, tenía un juicio con la Fuerza Aérea Boliviana, incluso contaba con un mandamiento de apremio”, dijo el lunes el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, según la agencia estatal ABI.
Según Ferreira, Quiroga y otros cuatro militares que abandonaron la entidad son procesados por esa razón, pero evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional.
“Ellos recibieron una formación profesional, en la que el Estado invierte (…) y, de pronto, a media carrera en lugar de cumplir con el acuerdo y volcar esos conocimientos y destrezas a favor de la FAB y el Estado prefieren renunciar”, explicó Ferreira.
Según el ministro, los pilotos militares tiene el compromiso de que una vez que son formados no deben retirarse de la entidad hasta cumplir con años de servicio militar estipulados.
Solo en casos excepcionales se puede analizar la baja de un militar de la institución y en cinco casos analizados, incluido el de Quiroga, no había justificación para que sean retirados.
Los juicios contra esos exmilitares, agregó Ferreira, generaron reacciones que intentaron mostrar que la Fuerza Aérea estaba “actuando prepotentemente y violando los derechos, cuando estaba defendiendo los intereses del Estado”.
Según la fuente, la formación de un piloto de la FAB le cuesta al Estado al menos US$100 mil en EE. UU. y Europa, citó ABI.
