Según el PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que “negociaron sus cargos antes de las votaciones”.
Canciller José Serra
Agricultura, Blairo Maggi
Ciudades, Bruno Araújo
Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra
Transportes, Mauricio Quintella
Educación, José Mendona Filho
Salud, Ricardo Barros
Medio Ambiente, José Sarney Filho
Minas y Energía, Fernando Coelho Filho
Trabajo, Ronaldo Nogueira
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendona Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney Filho; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
También incluye a Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada después de que se filtraron a la prensa unas grabaciones en las que afirma que es preciso “delimitar” la investigación sobre las corruptelas en Petrobras.
“La votación del proceso de impeachment, que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff”, argumenta el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de “conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país” .
El PT sostiene que eso se “comprueba” con “instrucciones dadas” a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría “ordenado” que “el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país”, como afirma Rousseff.
Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff.
Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución nacional, que se refiere a la “moralidad” y la “ética” en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la “plena separación de intereses públicos y privados”.
