“Empecé a tartamudear, tal vez se llevaron al niño a otro estado a miles de kilómetros y no se sabe cuando lo podrán volver a ver, no quería mentir pero la realidad era muy difícil de contar las primeras veces”, explicó el abogado Efrén Olivares, del grupo Texas Civil Rights Project (TCRP), que ampara a los inmigrantes.
El letrado, uno de los más activos en la defensa de los indocumentados en la frontera, asegura que en el 95 por ciento de las conversaciones con las familias, de un total de 371 casos entrevistados, se les promete ver a sus hijos a la salida del juicio y, obviamente, “rompen a llorar” cuando descubren que no es así.
“¿Cuándo les volveré a ver entonces?”, preguntan los padres a continuación, dado que a pesar de su situación individual no tienen otra preocupación que el paradero de los menores.
En ese momento, Olivares admite que quien se derrumba es él, por la incertidumbre que rodea al proceso de reunificación y tener que decirles que solo puede asegurar que están “bien cuidados” en algún refugio y que trabajará para que estén juntos lo antes posible.
“Para bien o para mal es cierto que pierdes un poco la sensibilidad, ya no es fácil que te afecte emocionalmente, agotas la capacidad de impacto, aunque por ejemplo, cuando una madre romper a llorar, siempre es muy fuerte para mí”, se sinceró.
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Las medidas de “Plan tolerancia cero” en la frontera, impuestas por el presidente Donald Trump en abril, provocaron la separación de cerca de 3 mil niños, una situación agravada con la falta de registro y documentación que, con el paso de las semanas, está dificultando el proceso de reunificación posterior.
El abogado de TCRP, de origen mexicano y padre un niño de dos años, recuerda que antes de la crisis apenas llevaban casos de inmigración, pero cuando comenzaron las separaciones, dada la magnitud del problema, decidieron movilizarse “rápidamente”.
Así pues, en un instante, su vida profesional cambió para tratar de frenar una coyuntura para la que no hubo respuesta en los primeros días, “ni siquiera por parte del Gobierno”, que al parecer dio la orden a los agentes fronterizos de separar familias sin pensar en la reunificación. “Aquello no podía ser sostenible”, dijo.
Y también cambió su vida cotidiana, ya que conviven en el lugar de trabajo con fiscales que acusan a los inmigrantes indocumentados o comparten gimnasio con los agentes fronterizos que los capturan.
Amigos o conocidos de años, “compañeros que de repente por una política que está por encima de lo que nos pagan a todos, te sitúa en lados opuestos moralmente” y, a partir de ese momento, resulta “difícil” que ello no afecte a la relación personal.
“De la noche a la mañana estás del otro lado de personas que ves todos los días, que saludas o te tomas un café, y para mí es difícil seguir esa normalidad de compartir esas conversaciones mundanas sobre cómo te va en la vida o qué tal lo está haciendo México en el Mundial, sin pensar en el resto”, declaró Olivares.
En un artículo que Olivares publicó en “The New York Times“, narró una de esas historias “emocionales” que certifican la necesidad de continuar el trabajo “del lado de los derechos humanos”.
Un padre soltero, cuya esposa le abandonó a él y a su hija de tres años, fue detenido en la frontera cuando entraban al país huyendo de la violencia en Honduras y en busca de una vida mejor.
El Gobierno de EE.UU. lo acusó del delito de entrar ilegalmente al país y los agentes le dijeron que tenían que llevarse a su hija.
Al igual que el personaje de “La vida es bella”, según detalla Olivares, la prioridad de este padre era proteger a su niña del dolor y la separación, para lo que se inventó que la iban a llevar a un campamento de verano.
La niña, ajena a su difícil situación, se alejó con una gran sonrisa que al marcharse dejó a su padre, al abogado y a todos los que presenciaron la escena entre lágrimas.
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