“Bajaron a los pasajeros, cerraron la puerta del bus, quebraron la manecilla (mecanismo de apertura) para asegurarse de que no pudiera salir y tiraron un fósforo encendido por una ventana”, contó este hombre menudo, vestido con una camisa deportiva anaranjada y una desteñida gorra de los Mets de Nueva York, que luego debió permanecer dos meses hospitalizado.
Su caso no es aislado en un país dividido territorialmente entre pandillas que, además de extorsionar a comerciantes y conductores por el derecho a circular, manejan otros negocios como narcotráfico, asesinatos a sueldo, asaltos y robos de vehículos.
Ahora tiene suerte de poder contarlo. Hace un año, José transitaba por el bulevar Fuerzas Armadas, al oeste de la capital, cuando cuatro jóvenes subieron al autobús, apuntaron a los 36 pasajeros con armas de fuego y anunciaron a gritos que aquéllo era un asalto.
“Poco después llegó una camioneta, los asaltantes subieron a ella y huyeron creyendo que ya me había quemado todo, pero aún estaba vivo y alcancé a tirarme por una ventanilla”, contó a la AFP. “Salté como candil, como antorcha, y rodé para apagarme las llamas”.
Otros no han sobrevivido. Hace sólo dos semanas, el taxista Noé Martínez, de 19 años, murió calcinado dentro de su vehículo en el oriente del país.
Solamente en 2015, han muerto 50 personas —de ellas 17 conductores— y 25 resultaron heridas en ataques contra unidades del transporte público, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Nuevas modalidades
Los métodos de soborno de las pandillas han introducido recientemente una modalidad: según cuenta José y corrobora otro trabajador, ahora los pandilleros abordan a los despachadores (inspectores) de las estaciones de salida de los buses y les entregan un celular. “Ahí te van a llamar”, les advierten.
Cuando el despachador contesta el teléfono, le ordenan recoger 600.000 lempiras (unos 30.000 dólares) entre todos los choferes de la empresa en menos de seis horas. De lo contrario empezarán a matar conductores.
“A mí me han pedido hasta 200.000 lempiras (10.000 dólares) para pagar al otro día y si uno se opone, lo matan”, afirmó un despachador de 44 años que se identificó como Javier, pero pidió no revelar detalles que pudieran identificarlo.
“Ellos tienen gente diferente para cobrar, para intimidar y los gatilleros, que son los que se encargan de las ejecuciones”, explicó.
Según el despachador, la 18 y la MS acostumbran a cobrar de 25 a 30 dólares por semana a cada uno de los transportistas.
Degradación del tejido social
El fenómeno tiene lugar tanto en la capital como en otras ciudades hondureñas. Para protegerse, las grandes empresas hacen viajes sin escalas, después de rigurosos registros de los viajeros. Un recurso que, lógicamente, no puede permitirse un autobús de transporte urbano.
En el transporte público “uno anda con miedo porque no hay quien no haya sido asaltado”, se lamenta una vendedora de verduras de 47 años que se identificó como Juanita y tiene su negocio cerca de la Universidad Nacional.
“Yo una vez me hice la dormida cuando entraron dos asaltantes al bus y ni así me pude escapar (…) Toda la gente entregó las cosas por miedo porque uno andaba una pistola y el otro un cuchillo”, agregó la mujer que vive en la violenta colonia Suyapa.
Las pandillas 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), de origen salvadoreño, son las más antiguas y también las más numerosas, aunque últimamente les han surgido competidores: Los Chirizos, El Combo que no se deja, o Los Benjamines.
Las autoridades les atribuyen buena parte de las muertes violentas del país. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, Honduras registró en 2014 la tasa de homicidios más alta del mundo: 68 por cada 100.000 habitantes, 11 menos que en 2013.
Según los expertos, una de los principales factores del problema está en la “normalización” de este fenómeno.
El director del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) , Wilfredo Méndez, comentó a la AFP que en Honduras “hay un proceso de degradación del tejido social por la impunidad y la violencia” y porque muchos hondureños “ven el delito como un acto lucrativo que ya se está viendo como normal”.
Impunidad
La subcomisionada de Derechos Humanos, Linda Rivera, lamentó que “en la violencia que Honduras está viviendo se ven cosas increíbles” con las pandillas extorsionando con impunidad.
El jefe de policía, comisionado Héctor Iván Mejía, reconoció a la AFP que las autoridades investigan denuncias de que los extorsionadores despojan de sus vehículos a los propietarios de buses y taxis.
No obstante, la población no se siente muy protegida por los uniformados. La policía captura a los pandilleros “pero en la tarde andan de nuevo, porque los sueltan”, se quejó Juanita.
Autoridades y transportistas elaboraron un proyecto de ley que fue remitido al Congreso Nacional, que permitirá instalar cámaras y botones de alerta conectados a unidades de despliegue rápido de la Policía.
El comandante de la Fuerza de Seguridad Interior Nacional (Fusina), coronel Gustavo Paz, admitió que “no es posible” desplegar militares y policías en todos los vehículos, pero confían en que con esta ley habrá una pronta solución al problema del terror en los buses.
