Esta medida fue adoptada en 2022 por el Gobierno de El Salvador después de una oleada de asesinatos relacionada con el ámbito de las pandillas.
“A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio en nombre de la seguridad pública”, aseguraron los expertos.
En este sentido, pidieron a las autoridades salvadoreñas que no lleven a cabo arrestos fundados en simples sospechas y que garanticen un trato justo a las personas detenidas por pertenecer, supuestamente, a las pandillas.
En particular, el grupo de expertos internacionales ha mostrado su preocupación por la figura legal de “delito flagrante permanente” que favorece los arrestos sin orden judicial.
Además, los especialistas de la ONU expresaron su inquietud por los juicios masivos virtuales en los que, habitualmente, se dictan entre 400 y 500 sentencias, tras defensas de menos de cinco minutos.
“El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atentan contra las garantías del debido proceso”, afirmaron.
Los expertos de la ONU también lamentaron que este estado de excepción está afectando “severamente” a las personas que viven en las zonas más empobrecidas de El Salvador.
Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaute, la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
