Los documentos confirmaron lo que temía desde hace mucho: tras su liberación, el gobierno de Estados Unidos planeaba deportarlo a su país de origen, El Salvador, un lugar que no ha visitado desde que tenía 6 años.
Fue encarcelado a los 17 años. Ahora, con 30 años, esperaba empezar una nueva vida al terminar su condena: como ingeniero eléctrico, marido y padre. Pero aquel día de mayo se vio obligado a reconocer que sus sueños no tenían casi ninguna posibilidad de hacerse realidad.
Su delito fue violento: asesinó a quien alguna vez fue su vecino y niñero, Jaime Galdamez, de 31 años, acusado de violar a Flores durante años desde los 9 años.
Flores se declaró culpable de homicidio voluntario en 2013, sin entender lo que significaría para su estatus migratorio. La ley federal da prioridad a la deportación de las personas condenadas por delitos, en especial a quienes fueron declaradas culpables de homicidio.
Aun así, Flores esperaba que, dadas las circunstancias que lo llevaron a quitarle la vida a Galdamez, un juez le permitiera quedarse. Tanto su madre como su hermano tienen residencia legal en Estados Unidos. Su hermana es ciudadana, al igual que su esposa, Diana Flores, una amiga de la infancia que empezó a escribirle tras su sentencia y con la cual tiempo después se casó en la sala de visitas de la prisión.
Pero en un momento en el que el país ha endurecido su postura sobre la inmigración a medida que una cantidad histórica de personas cruzan la frontera de manera ilegal, los delincuentes condenados como Marco Flores tienen pocas posibilidades, por mucho crecimiento y remordimiento que demuestren.
Los tribunales migratorios suelen deportar a las personas que han trabajado en Estados Unidos durante años y no han cometido delitos mayores a una infracción de tránsito. Entre ellos hay padres que se ven obligados a dejar atrás a sus familias y miembros queridos por la comunidad con negocios de éxito. Incluso los varios millones de jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers”, que fueron traídos de manera ilegal al país en la infancia y a menudo tienen un impecable historial de logros, siguen sin tener un camino determinado hacia la residencia permanente.
Y mientras un número sin precedentes de migrantes cruza la frontera sur, y ante la gran vulnerabilidad política del presidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2024, los legisladores en Washington debaten propuestas para aumentar las deportaciones y hacer más difícil obtener asilo.
“Hay millones de personas en todo el mundo que desean con desesperación venir a Estados Unidos de manera legal para contribuir con algo de gran valor, personas con habilidades extraordinarias, y no pueden hacerlo porque un retraso de años los mantiene esperando”, dijo David J. Bier, director asociado de estudios de inmigración en el Cato Institute, un laboratorio de ideas libertario en Washington.
Flores “perdió su derecho a decidir dónde quiere vivir el resto de su vida”, añadió Bier, “cuando tomó cartas en el asunto”.
Las personas con más posibilidades de evitar la deportación no suelen tener antecedentes penales, además de contribuir a la comunidad y tener argumentos sólidos de que su deportación causaría un nivel excepcional de dificultades a sus familiares en Estados Unidos, comentó Eliza Klein, quien se jubiló hace poco como juez de inmigración en Chicago.
Pero incluso esos casos son “en extremo complicados” de ganar, afirmó Klein. Y como los que se encuentran en Estados Unidos sin permiso legal no tienen derecho a un abogado de oficio en los tribunales de inmigración, pocos de los que se enfrentan a la deportación consiguen un abogado.
Algunos otros migrantes sentenciados por delitos similares han logrado evitar la deportación.
Solange Anestal, una mujer de Boston que cumplió una condena de 17 años en prisión por matar a un hombre que había abusado de ella, enfrentaba la posibilidad de ser deportada a Haití al cumplir su condena en 2020. Aterrada ante la posibilidad de que los delincuentes la persiguieran allí, convenció a un juez para que la dejara quedarse, ayudada por un abogado que llevó su caso sin cobrar.
“Tal vez suene triste o loco”, dijo en una entrevista, “pero habría elegido quedarme en prisión en Estados Unidos antes que ser deportada”.
En un inicio, la audiencia de deportación de Flores se programó para julio. La mañana en la que iba a tener lugar, él se presentó a su trabajo en prisión limpiando los pasillos de las instalaciones mientras esperaba a ser llamado ante un juez de inmigración de Boston a través de una audiencia virtual.
El llamado nunca llegó ni tampoco una explicación. Ni el Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, ni el Departamento de Seguridad Nacional, que inicia los casos de deportación, quisieron hacer comentarios sobre el caso de Flores.
Sea como fuere, el retraso benefició a Flores: en septiembre, un par de abogados aceptaron llevar su caso sin cobrar honorarios.
Diana Flores, quien con ayuda de una amiga pasó meses buscando a un abogado para su marido mientras trabajaba en una cafetería y asistía a clases en la universidad, comentó que Marco Flores quiere una boda más grande cuando sea liberado y suficientes hijos para formar “un equipo de fútbol”. Si fuera necesario, ella lo seguirá a El Salvador, dijo.
Pero temen que la vida de Marco Flores corra peligro allí, a causa de las pandillas, el gobierno corrupto o familiares de Galdamez que pudieran buscar venganza.
“Estaríamos toda la vida mirando por encima del hombro”, afirmó Diana Flores.
Jorge Galdamez, primo de Jaime Galdamez, dijo que su familia no quería dañar a Marco Flores.
“Ya cumplió su sentencia. Ahora está en manos de la ley”, comentó en una entrevista en español. “No le guardo rencor a Marco”.
La sentencia de Flores terminó a finales de diciembre, dos años antes de lo previsto porque logró reducirla por buena conducta, dijo su esposa.
De inmediato fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y enviado a un centro de detención en Nuevo Hampshire
Sigue en espera de una nueva fecha para su audiencia de deportación.
