El juez de la causa, Jorge Guzmán, se presentó en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea para tratar de inspeccionar los archivos en compañía de fiscales, peritos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y abogados de las víctimas.
Un militar de apellido Ortiz manifestó al juez, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que desconocía la programación de la diligencia e impidió el ingreso.
El uniformado reafirmó la postura del presidente Nayib Bukele y del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, de bloquear las inspecciones por el supuesto resguardo de archivos secretos.
A raíz de la insistencia del militar de impedir el ingreso, el juzgador decidió suspender su visita a otra instalación militar y se trasladó a la sede de los juzgados en San Salvador para levantar un acta.
Para David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización humanitaria Cristosal, el mandatario y el ministro Merino estarían cometiendo el delito de desobediencia, incumplimiento de deberes y encubrimiento al “entorpecer” las investigaciones.
“No existen facultades legales para que bloqueen una orden de una diligencia judicial”, indicó el letrado, quien señaló que estos mismos delitos se pudieron cometer el pasado 21 de septiembre, cuando se impidió la inspección de los archivos del Estado Mayor en San Salvador.
El Ejército no comparte el interés del proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares por crímenes de guerra, según consta en un documento enviado por Merino a la Corte Suprema y al que Efe tuvo acceso.
“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma”, señaló en la misiva, que fue rechazada por los jueces del Supremo en pleno.
El presidente salvadoreño aseguró el pasado 24 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos.
En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre, sin que hasta el momento se conozca si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
