“Vayan acumulando balas y armas y estén listos para el combate. Va a ser una lucha a muerte”, añadió en su mensaje a los criminales.
De la Rosa fue nombrado esta semana director de la Policía por Rodrigo Duterte, el presidente electo de Filipinas tras los comicios celebrados el pasado 9 de mayo y quien repitió durante la campaña electoral una y otra vez que acabaría con la delincuencia en los primeros seis meses de su mandato.
“¿Por qué nos debería preocupar matar a criminales? Yo digo que tenemos que matar a cinco criminales por semana para eliminarlos a todos”, ha dicho Duterte en una de sus intervenciones públicas.
Varios representantes del Gobierno han empezado a seguir sus instrucciones, aunque aún falta poco más de un mes para la investidura del nuevo mandatario, el 30 de junio.
Uno de ellos es Tomas Osmeña, el alcalde electo de Cebú (centro), que esta semana ofreció dinero a sus conciudadanos por eliminar delincuentes.
“La recompensa por herir a un criminal es de US$100 dólares y US$1 mil por un criminal muerto”, dijo Osmeña, elegido en los comicios del 9 de mayo.
Según él, la recompensa es para policías, agentes y civiles siempre que la ejecución esté justificada y el arma utilizada esté registrada.
Cuatro días después de ofrecer las recompensas por criminales heridos o muertos, el alcalde electo de Cebú, la segunda ciudad de Filipinas, entregó el primer “premio” a un policía que, sin estar de servicio, intervino en un robo y disparó e hirió a dos ladrones.
“Herir a un ladrón son US$50, pero como lo has hecho fuera de servicio, te damos el doble. Enhorabuena”, dijo el alcalde cuando entregó al agente Julius Regis más de US$100).
La propuesta de Osmeña es “repugnante” para Human Rights Watch (HRW), organización que ha denunciado en varias ocasiones que Duterte dirige un grupo de sicarios que opera en Davao, la ciudad de la que ha sido alcalde más de dos décadas.
“Proveer incentivos financieros para que la policía mate a criminales es un intento repugnante de legitimar los escuadrones de la muerte secretos”, afirmó el grupo en un comunicado.
“Los filipinos, que durante años se han sacrificado enormemente por la responsabilidad y el Estado de derecho, deberían oponerse a estas iniciativas de los políticos”, agregó HRW.
Hasta el momento, Duterte está cumpliendo con su promesa de lanzar una campaña brutal contra los criminales, y pocos días después de conocer su victoria en las urnas anunció que restaurará la pena de muerte por ahorcamiento, abolida en 2006.
La pena capital se aplicaría a personas que hayan cometido delitos relacionados con drogas, violaciones o robos de vehículos en los que el propietario sea asesinado.
Duterte también ha dado órdenes a las fuerzas de orden de “disparar a matar” si algún delincuente se resiste a ser arrestado.
