Con ello la región del Caribe prevé evitar la degradación de su hábitat marino que provocaría un riesgo para la salud y seguridad alimentaria de cerca de 40 millones de personas que viven en zonas costeras, además de unas pérdidas económicas incalculables.
El mundo consume 5 billones de bolsas de plástico anualmente hechas con derivados del petróleo que pueden tardar hasta cientos de años en degradarse, y los países del Caribe son los que más uso hacen de estos materiales per cápita tan dañinos para el medioambiente.
De los treinta principales contaminadores mundiales per capita de este tipo de plásticos diez son de la región del Caribe, lo que da una idea de la magnitud del problema que se tratará de atajar a partir del próximo 1 de enero.
Por ejemplo, Trinidad y Tobago produce 1.5 kilogramos de residuos plásticos por persona y día, la más elevada del mundo.
Se calcula que cerca de un cuarto de kilo de esa cifra termina en las costas de ese país a causa de procesos inadecuados de tratamiento de los desechos de plástico.
En este “club” de grandes contaminadores de plástico figuran además países como Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Anguila y Aruba, entre otros.
Más de 300 mil toneladas de residuos de plástico en el Caribe no son recogidas cada año resultado de que buena parte de los hogares de la región arrojan desechos plásticos a vías fluviales o tierra, según datos del Banco Mundial.
Además, más de 4 millones de desechos de plástico fueron recogidos en áreas costeras entre los años 2006 y 2012 en el Caribe, según información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La creciente acumulación de residuos de plástico ha provocado que se pongan en riesgo 200 mil empleos directos que dependen de labores ligadas al área costera, entre otras el millonario negocio del buceo en la región.
El problema de la contaminación ambiental por residuos plásticos afectará con el paso de los años con especial virulencia a los pequeños países caribeños, que por su falta de recursos son mucho más indefensos que los grandes Estados.
Uno de los países más representativos de la región es Jamaica, que como varios de sus vecinos prohibirá a partir del 1 de enero de 2020 la importación y uso de plásticos de un solo uso y poliestireno.
El titular de Jamaica de Economía y Empleo, Daryl Vaz, señaló que “el 1 de enero representa una fecha importante en la lucha contra la contaminación plástica que afecta no solo a Jamaica, sino al mundo entero”.
Vaz subrayó que las restricciones son necesarias una vez que Jamaica está literalmente inundada con todo tipo de materiales de plástico que además se eliminan de forma inadecuada.
El vecino archipiélago atlántico de Bahamas también se sumó a esta batalla medioambiental, por lo que a partir del 1 de enero próximo implantará la prohibición de importar y utilizar plásticos de un solo uso y poliestireno.
El Ministerio de Medioambiente de Bahamas aclaró que se abre un periodo de transición de seis meses que dará lugar, a partir de junio de 2020, a multas para quienes insistan en el uso de esos materiales.
Esta serie de medidas se inscriben en la Ley de Protección Medioambiental 2019 de Bahamas.
El Gobierno de Bahamas estima que el ritmo actual de contaminación por plásticos podría causar pérdidas para el turismo cercanas a los US$10 millones anuales, unos daños a los que se trata de poner remedio con esta norma.
En la vecina Centroamérica, el Congreso de Costa Rica aprobó el pasado octubre una ley que prohíbe el uso y comercialización de las pajillas plásticas de un solo uso, así como las bolsas que se entregan en los supermercados para cargar las compras.
De otra parte, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, un Estado libre asociado a EE. UU., aprobó el proyecto de ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución autorizado.
El Proyecto de la Cámara 1951 de la autoría del representante, Joel Franqui Atiles, establece, además, un término de transición de tres años para cumplir con lo ordenado en esta ley, dispone de un procedimiento de orientación a tales fines y establece multas de entre US$150 y 250.
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