En este caso, Zapata fue condenada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Durante la audiencia, Zapata, que fue detenida desde febrero de 2016, insistió entre sollozos en que era inocente y consideró “injusto e inhumano” que la Fiscalía reclame para ella 10 años de prisión.
Los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria probaron el delito de legitimación de ganancias ilícitas “en base a los millonarios depósitos en las cuentas de Zapata y los pagos en efectivo que realizó la acusada para comprar bienes inmuebles, autos y empresas, entre otras propiedades”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
También establecieron, como se recordará, que la acusada se inventó un título de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz para figurar como abogada con el propósito de suscribir varios documentos notariales.
Asimismo, Zapata aparentó varias veces ser funcionaria de la Unidad de Gestión Social del Gobierno donde tenía reuniones con empresarios.
La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el propio Gobierno de usar para hacer tratos ilegales esas oficinas del Ministerio de la Presidencia, que hace muchos años servían como despacho de la primera dama.
Según el Gobierno, los altos cargos de ese Ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.
Durante la investigación, los fiscales dijeron que Zapata no pudo explicar la procedencia de dos millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no se correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.
Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.
En esa ocasión, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado al presidente Morales, pero él siempre ha rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que ese delito no existió.
Además, el juez Perales condenó como cómplices a la exjefa de la Unidad de Gestión Social Cristina Choque y al exchófer de esa entidad Jimmy Morales, a penas de cuatro y tres años de prisión, respectivamente.
A dos años de prisión fueron sentenciados Ricardo Alegría y Carlo Ramírez, que eran amigos de Zapata y también fingían ser empleados del Estado para ayudarle en sus negociados con empresarios.
El juez impuso tres años de prisión al abogado Walter Zuleta, prófugo de la justicia desde mayo de 2016 y que llegó a ser tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol, por sus vínculos en las negociaciones con Zapata.
Gabriela Zapata también estuvo imputada en otro proceso por trata de personas a propósito de haber sido parte de un montaje para presentar el año anterior, en un juzgado a un niño como si fuera hijo suyo y del mandatario, argumentando que nació en 2007.
Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y afirmó que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces había sostenido enfáticamente lo contrario.
