“Va a salir una información muy importante sobre fraude electoral sobre Georgia. ¡Estén atentos!”, escribió Trump este sábado en Twitter.
Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020
Dos semanas de denuncias sin pruebas ni frutos
El mensaje era muy similar al que él y su equipo llevan repitiendo desde el pasado 7 de noviembre, cuando las proyecciones de los principales medios de comunicación confirmaron la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del día 3.
Todo ese discurso se ha topado con una realidad que no se amolda a la visión rocambolesca del presidente y sus aliados sobre un presunto fraude electoral mayúsculo, que considera como ilegales, sin ninguna evidencia, millones de votos emitidos en ciudades predominantemente demócratas.
En concreto, el tuit del mandatario de este sábado contrastaba con la realidad de que el estado clave de Georgia ya certificó este viernes la victoria de Biden, quien se aseguró así los 16 votos en el Colegio Electoral correspondientes a esa jurisdicción.
Fueron las propias autoridades del estado, que pertenecen al mismo partido de Trump, las que dieron el visto bueno al resultado de las elecciones, tras denunciar presiones de aliados del presidente como el senador conservador Lindsey Graham.
Una estratagema fallida en Michigan
Además de en Georgia, el presidente recibió este viernes un revés en su intento de revertir el resultado en Michigan, donde aparentemente quería conseguir la cooperación de los republicanos en ese estado para que intervinieran y le concedieran los delegados de su territorio en el Colegio Electoral.
Trump invitó el viernes a la Casa Blanca a dos líderes republicanos del Congreso estatal de Michigan, pero estos aseguraron, tras el encuentro, que no tenían información que pudiera cambiar el resultado de las elecciones en su estado.
Aunque eso prácticamente cierra las puertas a cualquier cambio en Michigan, donde Biden ganó por un amplio margen de unos 157.000 votos, los aliados de Trump no se han rendido del todo, y este sábado hicieron un último intento en una carta enviada por el Partido Republicano estatal y el secretariado nacional de la formación (RNC).
Ambas entidades escribieron a la Junta Electoral Estatal de Michigan, que tiene previsto reunirse este lunes para certificar la victoria de Biden, y le pidieron que hagan un receso de 14 días, con el fin de permitir una auditoría de los resultados en el mayor condado del estado, donde se encuentra Detroit.
Las autoridades de Michigan ya han advertido que la ley estatal no les permite hacer esa auditoría, pero la maniobra cierra una semana de fuertes tensiones en el condado donde se encuentra Detroit, cuyos apoderados republicanos recibieron acusaciones de intentar suprimir el voto de la mayoría negra de la ciudad.
Como en Pensilvania, Arizona y otros estados clave, la estrategia general de Trump en esos territorios ha generado mucho ruido, pero no ha deparado ningún avance significativo para los objetivos del presidente.
Se agota el tiempo
Sin dar la vuelta al resultado en múltiples estados, algo extremadamente improbable, Trump no podrá impedir que Biden asuma el poder el próximo 20 de enero, y las vías para lograrlo se cierran con cada día que pasa.
El equipo de Trump solo tiene hasta el 8 de diciembre para desarrollar su estrategia legal, porque ese día todos los estados deberían haber resuelto cualquier disputa y el gobernador de cada territorio debe enviar los resultados certificados al Congreso.
Lo que sí está teniendo un verdadero impacto práctico en la transición es la negativa de la Administración General de Servicios de EE.UU. (GSA, en inglés), una agencia federal, de certificar la victoria de Biden, pues sin ese trámite, el presidente electo no tiene acceso a recursos clave para prepararse para gobernar.
Biden ha advertido que ese retraso puede provocar que “muera más gente” en EE.UU. por el coronavirus, porque él no tiene acceso a los planes del Gobierno de Trump para distribuir la vacuna, lo que puede provocar retrasos en la implementación de los mismos una vez que llegue al poder el 20 de enero.
Además, la falta de certificación impide a Biden tener acceso a información de inteligencia y conseguir que el FBI empiece a revisar los antecedentes de las personas que él quiere que formen parte de su gabinete, algo que agilizaría las cosas para que empiece a gobernar desde el primer día.
Sin embargo, la responsable de la GSA, Emily Murphy, se resiste a certificarlo como ganador porque “no quiere ser desleal a la Administración que la contrató”, de acuerdo con una fuente gubernamental citada este viernes por el diario The Washington Post.
