“Existe causa probable para creer que el acusado cometió los delitos de asesinato terrorista” , de los que se le acusa en España, dictaminó la magistrada en su escrito.
Montano, de 73 años, está acusado de haber ayudado a orquestar la masacre que tuvo lugar la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al español Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, y a otras siete personas.
Entonces, un “escuadrón de la muerte” irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.
Los otros cinco sacerdotes asesinados son los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López.
También murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
Durante el proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. sostuvo que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides perpetrar los asesinatos.
“Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo” , ordenó supuestamente Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del poderoso grupo de militares supuestamente facilitó la ubicación de Ellacuría al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según la acusación.
Además, según la Fiscalía estadounidense, como viceministro de Defensa Nacional, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, “se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes” .
En su escrito de hoy, la jueza no entra en estas acusaciones pero sí admite que la extradición debe proceder porque las evidencias muestran que Montano “se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente los homicidios ilegítimos de sacerdotes jesuitas en El Salvador” .
Para la jueza, las evidencias recopiladas por la Justicia de España son “suficientes para creer que el acusado cometió los delitos de los que se le acusa” y asegura que, los tratados entre Madrid y Washington, permiten extraditar a Montano, acusado en España de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad.
Montano ha esperado durante meses la decisión sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE.UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza.
Ahora, el acusado debe de pasar a manos del cuerpo de aguaciles de EE.UU., que se encargará de custodiarlo hasta la aprobación final del Departamento de Estado, según dictaminó la jueza.
La defensa del salvadoreño, no obstante, tiene derecho a interponer un recurso contra la extradición y, de esta forma, el proceso podría frenarse o retrasarse, indicó a Efe el fiscal del caso, John A.Capin.
“El hecho de que el coronel Montano pueda enfrentar juicio en España no va a curarnos el dolor, pero es una victoria para todas las personas que buscan Justicia” , destacó hoy Carlos Martín-Baró, hermano de “Nacho” , como llama a su hermano, el sacerdote Ignacio Martín-Baró.
“Mi hermano tenía un amplio deseo de ayudar a la gente. Cuando se encontró con la pobreza y la desigualdad de El Salvador, se dio cuenta de que el problema era más profundo y dedicó toda su vida a ayudar al pueblo de ese país” , recordó el viernes Carlos, según recoge el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA en inglés) .
Esta institución para la defensa de los derechos humanos, basada en San Francisco (EE.UU.) , impulsó la apertura del proceso, cuando interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
La justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez español Velasco consideró que fue un fraude de ley, porque los hechos no fueron a su juicio correctamente investigados, y reclamó en el 2011 la extradición de los militares.
Los diferentes crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante la guerra civil no han sido juzgados por la promulgación de una ley de amnistía en 1993.
Si la extradición sigue adelante, Montano sería el primer acusado en responder por los asesinatos, aunque lo haría en suelo español.
