La entidad indicó en un comunicado de prensa que se trata de la asistencia que da a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“USAID tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al fiscal general y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador”, señaló en la misiva.
Añadió que también existen “preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas” y que “en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones”.
“Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”, agregó.
Para la USAID, “el respeto hacia un Poder Judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia”.
“Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”, sostuvo.
El anunció se da en momentos en los que la subadministradora adjunta de USAID para Latinoamérica, Mileydi Guilarte, y la subsecretaria adjunta interina para México y Centroamérica del Departamento de Estado de EE. UU., Katherine Dueholm, se encuentran en El Salvador para conocer sobre las causas de la migración irregular.
La presencia y actividades de estas funcionarias se conoció mediante las redes sociales de la USAID y de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y no se ha compartido su agenda.
Bukele no responde directamente
“Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo. Cada quien invierte en sus prioridades”, publicó el presidente Nayib Bukele en Twitter tras conocerse el retiró de la ayuda a la PNC y el IAIP para reorientarla a organizaciones civiles y de derechos humanos.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento tras la salida del Ejecutivo estadounidense de Donald Trump, a quien el presidente Bukele considera “nice and cool”.
El Gobierno de EE. UU. es uno de los más críticos de la separación de los magistrados y del fiscal general, por lo que el enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, indicó recientemente que “la mejor solución a la crisis que se ha abierto es volver a la situación anterior”.
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Por su parte, el Comité de Exteriores de la Cámara Baja del Congreso estadounidense condenó el miércoles las destituciones e instaron a “abstenerse” de destituir al procurador (de derechos Humanos) o a los magistrados de cuentas o electorales”.
El Departamento de Estado de EE. UU. también desclasificó un listado de funcionarios y políticos salvadoreños supuestamente vinculados con actos de corrupción y narcotráfico.
Entre los señalados se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario salvadoreño.
Son “irreversibles”
El 12 de mayo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reiteró categóricamente que las destituciones por el Parlamento de jueces y del fiscal general son “irreversibles”.
Bukele rechazó el llamado a restituirlos en sus puestos que hizo el enviado especial de Washington, Ricardo Zúñiga, en visita a San Salvador.
“Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES”, aseguró Bukele en Twitter.
Apenas se instaló el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, dominada por los aliados de Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara, lo que provocó una condena internacional y en sectores de la oposición que denunciaron un atentado contra la separación de poderes.
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El enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica sostuvo que Washington continuará hablando con el gobierno salvadoreño y con los “socios y aliados” en la comunidad internacional para “buscar una manera de volver al marco constitucional”.
Pero Bukele fue claro: “No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”.
Bukele cuestiona decisión
Este viernes 21 de mayo, el presidente Bukele, cuestionó la decisión de la USAID de retirar la asistencia a dos instituciones gubernamentales a raíz de la destitución de magistrados constitucionales y del fiscal.
Unas horas después de hacerse pública la decisión de USAID, el mandatario escribió en Twitter: “Si le pregunta a CUALQUIER salvadoreño en la frontera de los Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99,9% de ellos responderá: falta de trabajo e inseguridad”.
Y añadió: “Es muy revelador que @USAID eligió dejar de financiar … ¡SEGURIDAD! (…) ¿El plan real es crear más inmigración?”.
A la publicación de Bukele reaccionó el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, y señaló “parece que están tomando decisiones con el hígado, no con el cerebro”.
“USAID tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al fiscal general y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador”, señaló en la misiva.
Para la USAID, “el respeto hacia un Poder Judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia”.
“Estados Unidos sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática al colaborar con diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica”, sostuvo.
El Gobierno de EE. UU. es uno de los más críticos de la separación de los magistrados y del fiscal general, por lo que el enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, indicó recientemente que “la mejor solución a la crisis que se ha abierto es volver a la situación anterior”.
Por su parte, el Comité de Exteriores de la Cámara Baja del Congreso estadounidense condenó el miércoles las destituciones e instaron a “abstenerse” de destituir al procurador (de derechos Humanos) o a los magistrados de cuentas o electorales”. EFE
