De acuerdo con Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, estas sanciones son una represalia por la detención desde el pasado 28 de mayo de 32 líderes y dirigentes opositores en Nicaragua, entre los cuales se encuentran siete aspirantes a la presidencia, en el marco del proceso electoral.
“El presidente nicaragüense, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han demostrado otra vez esta semana que les da miedo competir en unas elecciones contra cualquiera que sientan que podría conseguir el apoyo del pueblo de Nicaragua”, estableció Price.
Esta decisión tiene que ver con la reciente detención de Berenice Quezada, exreina de belleza de Nicaragua de 27 años que aspiraba a la Vicepresidencia por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quien Price reconoció su valentía.
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Asimismo, el portavoz recordó que el pasado 12 de julio el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, así como a fiscales y jueces por “facilitar los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos”.
Las sanciones impuestas este viernes por EE.UU., las cuales afectan a 50 familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen sandinista, buscan reforzar el impacto de estas medidas.
Según Price, estos funcionarios oficialistas “han contribuido directamente a medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas”.
Igualmente, el portavoz recordó que todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se han comprometido a cumplir ese tipo de condiciones “bajo la Carta Democrática Interamericana”.
We are imposing visa restrictions on 50 immediate family members of Ortega-Murillo regime enablers. Anyone benefiting from the undermining of free and fair elections in Nicaragua is not welcome in the United States. https://t.co/xelJPT8ZpR
— Ned Price (@StateDeptSpox) August 6, 2021
El Gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, continuará tomando medidas “diplomáticas y económicas” para la rendición de cuentas de “quienes facilitan la represión de Ortega y Murillo”, avisó Price.
El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados por las sanciones, y en julio, un portavoz dijo que no podía identificar a quienes habían perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de EE.UU.
El anuncio de estas sanciones llegó poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley “RENACER”, el cual tiene como fin promover unas elecciones libres y justas en Nicaragua el próximo 7 de noviembre.
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Ese proyecto de ley, apoyado por demócratas y republicanos, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y aboga por que Estados Unidos imponga sanciones coordinadas a responsables nicaragüenses junto al Gobierno de Canadá y la Unión Europea (UE).
Esta iniciativa también sirve para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionados con la corrupción y exige el acceso a informes confidenciales sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.
Otros puntos de la propuesta están centrados en los lazos entre Moscú y Managua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas al país y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).
Daniel Ortega, un exguerrillero nicaragüense, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, en las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua.
