Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva, la medida significaría un duro revés para el presidente Biden, quien llegó al cargo prometiendo adoptar un enfoque más compasivo respecto a la frontera después de que su predecesor, el expresidente Donald Trump, implementara una serie de duras políticas migratorias.
El gobierno Biden ha suspendido, en gran medida, la práctica de la detención familiar, liberando a las familias de manera temporal en territorio estadounidense y exigiendo que usen tobilleras, teléfonos celulares rastreables u otros métodos para conocer su paradero.
Sin embargo, el gobierno ha recurrido a medidas más restrictivas en su lucha por sofocar el aumento de migrantes que huyen de gobiernos autoritarios y de la ruina económica de sus países. Las autoridades también temen que llegue una oleada de personas a la frontera después del 11 de mayo, cuando expira una medida de salud pública que ha permitido que se expulse rápidamente a los migrantes.
Las nuevas y duras medidas de Biden, incluida una ofensiva anunciada el mes pasado que podría inhabilitar a una gran mayoría de migrantes para poder solicitar asilo en la frontera sur, han enfurecido a los defensores que dicen que el presidente está rompiendo sus promesas de campaña mientras adopta un enfoque de la era Trump en los temas migratorios.
“Poner fin a la práctica inhumana de la detención familiar ha sido una de las únicas decisiones positivas de política migratoria del gobierno Biden”, dijo Leecia Welch, abogada principal en el caso que condujo al acuerdo Flores de 1997, que limita el tiempo que los niños pueden pasar detenidos y establece estándares mínimos para las instalaciones de detención.
“Es desgarrador escuchar que podría volverse a implementar esa práctica de la era Trump”, dijo.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios, pero los funcionarios rechazan cualquier comparación con Trump y dicen que las políticas de Biden se centran en encontrar formas de disminuir el número de cruces ilegales y alentar a los migrantes a buscar vías legales.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que no se había tomado ninguna decisión mientras el gobierno se preparaba para el final de la medida de salud pública, conocida como Título 42.
“La administración seguirá dándole prioridad al procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes”, dijo Luis Miranda, portavoz del departamento, en un comunicado.
Pero altos asesores de inmigración de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional han sostenido varias reuniones en los últimos días para discutir sus opciones, incluyendo el restablecimiento de la política de detención familiar, según cinco funcionarios actuales y anteriores del gobierno con conocimiento de las discusiones.
Los funcionarios dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional está analizando lo que tendría que hacer para reiniciar la detención familiar antes del 11 de mayo.
Uno de los funcionarios advirtió que el gobierno seguirá cumpliendo la ley que establece un límite de 20 días para detener a las familias, en vez de retenerlas durante semanas o incluso meses como hicieron las administraciones anteriores. Otra opción sería continuar con la práctica de liberar a las familias en el país, donde serían rastreados y obligados a presentarse en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo el funcionario.
Los defensores de la detención familiar argumentan que disuadiría a las familias migrantes de hacer el viaje al norte. Pero esta práctica ha sido muy polémica, en parte debido al consenso científico de que la detención de menores, incluso cuando están con sus padres, puede causar daños en su desarrollo.
En 2018, dos de los consultores médicos del gobierno federal dijeron que identificaron un “alto riesgo de daño” para los niños migrantes en las instalaciones. Los consultores descubrieron problemas graves, incluido un niño que perdió un tercio de su peso corporal y un bebé con hemorragia cerebral que no se diagnosticó durante cinco días.
La detención familiar también fue utilizada por los expresidentes George W. Bush y Barack Obama. Ambos fueron criticados por las condiciones en las que recluían a las familias migrantes. Un centro ubicado en Nuevo México se vio obligado a cerrar en 2014, tras las quejas por las condiciones existentes.
El gobierno Trump intentó ampliar esa práctica y detener a las familias de manera indefinida para disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente. Pero los tribunales bloquearon sus intentos de poner fin a los límites de la duración de la detención de menores.
El gobierno de Biden se enfrentaría a serios obstáculos logísticos para reinstaurar la detención familiar, empezando por la necesidad de encontrar el espacio necesario para alojar a las familias. Las instalaciones también tendrían que estar preparadas para ofrecer programas educativos y zonas de recreo. Las instalaciones que antes albergaban a familias ahora se usan para adultos solteros.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que supervisa la red de detención, ya enfrenta un déficit presupuestario de cientos de millones de dólares.
El plan también parte de la base de que los funcionarios pueden examinar rápidamente a las familias en busca de asilo, admitiéndolas o deportándolas en el plazo de 20 días. La estancia media en un centro de detención del ICE es de unos 37 días, según datos internos. Además, según los funcionarios, nunca habrá espacio suficiente para detener a todas las familias migrantes. Y el gobierno necesitaría una flota de aviones mucho mayor para deportarlos a todos.
Tres de los funcionarios que hablaron con The New York Times dijeron que les preocupaba la posibilidad de que la detención familiar animara a los padres a enviar a sus hijos solos a la frontera estadounidense en vez de arriesgarse a ser detenidos como familia. Los niños que llegan a Estados Unidos sin un progenitor o tutor legal no son expulsados. En vez de eso, son puestos bajo custodia del gobierno y finalmente los liberan para que vivan con un familiar u otro patrocinador. Este programa, supervisado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha sido objeto de reciente escrutinio después de que una investigación de The New York Times revelara que muchos niños migrantes que fueron entregados a patrocinadores y familiares realizan trabajos peligrosos que infringen las leyes sobre trabajo infantil.
Los críticos de la detención familiar dicen que poner a los padres en la posición de decidir enviar a sus hijos a Estados Unidos, sin ellos, es una separación familiar de facto, una dura medida utilizada durante la gestión Trump cuando 5500 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur bajo la política de “tolerancia cero”. Biden y otros demócratas han arremetido contra esta práctica y se han comprometido a no reanudarla.
Aparte de las implicaciones humanitarias, la política de detención familiar conllevaría un riesgo político para Biden. Los republicanos han pedido medidas de inmigración más estrictas, acusando al presidente de tener una política de “fronteras abiertas”.
Pero es casi seguro que Biden también experimentaría las críticas de los demócratas.
Como candidato presidencial, hizo campaña contra el uso de la detención familiar por parte del gobierno Trump.
“Los niños deben ser liberados de la detención de ICE con sus padres inmediatamente”, escribió en una publicación de Twitter en junio de 2020, después de que un juez federal ordenara la liberación de los niños migrantes de los centros de detención debido a la pandemia de coronavirus. “Esto es bastante simple, y no puedo creer que tenga que decirlo: las familias deben estar juntas”.
