“Estos acusados conspiraron con los corruptos funcionarios hondureños que sobornaron para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa”, explicó el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman.
A decir de S. Berman, los señalados habrían proporcionado personal de seguridad fuertemente armados con ametralladoras y lanzagrandas para asegurar los envíos de droga.
Los acusados son los guatemaltecos Otto René Salguero Morales y Ronaldo Enrique Salguero Portillo, y los mexicanos Amado Beltrán Beltrán y Fernando Félix Rodríguez.
La División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, más conocida como DEA, indicó que “estos presuntos delincuentes no se detendrán ante nada para proteger sus envíos de veneno, a menudo recurriendo al soborno, la intimidación e incluso la violencia”.
El caso fue asignado al juez federal de distrito P. Kevin Castel.
Uno de los acusados, Otto René Salguero,está vinculado a la masacre en la finca Los Cocos, Petén en mayo de 2011.
Según las informaciones de aquella época, 27 jornaleros fueron acribillados en una finca propiedad de Salguero. Incluso, los victimarios habrían dejado un mensaje para Salguero escrito con sangre sobre una de las paredes de la propiedad.
Las autoridades atribuyeron la masacre a una supuesta disputa de territorio y una venganza contra Salguero, un conocido ganadero del área.
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La acusación
Según las investigación de la DEA, Beltrán Beltrán, Salguero Morales, Salguero Portillo y Félix Rodríguez, trabajaron juntos en varias ocasiones con el ex congresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, más conocido como “Tony Hernández”, y la cúpula del Cártel de Sinaloa de México para transportar cocaína.
Estas personas habrían recibido los envíos de cocaína en Honduras a través de rutas aéreas y marítimas, que generalmente se enviaban desde Colombia y Venezuela.
También habrían facilitado el pago de sobornos a funcionarios para protegerse de la interferencia oficial y asegurar el paso de la droga por Honduras, Guatemala y México.
La DEA menciona que uno de los funcionarios sobornados fue Tony Hernández “y otros políticos hondureños”, sin mencionar más nombres. La fiscalía no detalle si habrían funcionarios guatemaltecos y mexicanos involucrados en este pago de sobornos.
Estas acusaciones conllevan una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
