El actual mandatario convocó este referendo de siete preguntas, que es una clara invitación a entrar en la era del postcorreísmo.
Además de la pregunta para suprimir la reelección indefinida aprobada por Correa en 2015, Moreno propone reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una “descorreización” total del Estado.
El referendo están convocados 13 millones de los 16.7 millones de ecuatorianos.
“Hostigamiento”
Correa (2007-2017) acusa a Moreno de “traidor”, de haberse vendido a la oposición y sostiene que con esta consulta “inconstitucional”, convocada sin el dictamen de la Corte Constitucional, el mandatario pretende alcanzar el “presidencialismo absoluto”.
El exjefe de Estado, que denuncia “persecución y hostigamiento” en su contra, también denuncia que Moreno quiere utilizar la consulta para inhabilitarle por la vía judicial con la pregunta de que los condenados por corrupción no puedan ejercer la política.
“Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina (Fernández)”, advirtió Correa a la AFP en una entrevista pasada.
Correa está llamado por la Fiscalía a declarar el lunes por presuntas irregularidades en la millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.
En un anticipado desmontaje del correísmo, Jorge Glas -aliado de Correa y reelegido vicepresidente en binomio con Moreno- fue a la cárcel, condenado por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, que también han salpicado a otros exfuncionarios del anterior gobierno.
