Algunos manifestantes, identificados con la izquierda y los movimientos estudiantiles, ingresaron al espejo de agua frente a la entrada principal del Congreso y volcaron un vehículo, antes de ser dispersados por una lluvia de gases lacrimógenos, indicaron periodistas de la AFP.
Pero los participantes en la marcha resistieron las cargas policiales erigiendo barricadas a lo largo de la explanada de los ministerios, donde quemaron varios vehículos estacionados. En los enfrentamientos, destrozaron los vidrios de varios ministerios y realizaron pintadas en sus muros.
El gobierno conservador de Michel Temer considera que la limitación del gasto público es una medida esencial para impedir la “quiebra” del país, que cerrará 2016 con su segundo año consecutivo en recesión.
La oposición ve en cambio en esa iniciativa una amenaza de degradación aún mayor de los ya empobrecidos sectores de salud y educación.
“Espero que los senadores, antes de apretar el botón, consigan pensar un poco en lo que está sucediendo aquí”, dijo a la AFP un manifestante, Gabriel Siqueira, de 21 años.
“Soy estudiante de economía, soy becario, pero las becas ya están siendo cortadas. Quiero formarme, hacer una maestría, pero es cada vez más difícil estudiar porque ellos están aprobando ese tipo de cosas”, agregó, señalando hacia el Congreso.
Antes de que se iniciaran los disturbios, los participantes coreaban “Fuera Temer”, quien llegó al poder tras la destitución este año de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas.
La reforma constitucional debería ser aprobada est martes con una confortable mayoría en primera lectura en el Senado.
Un diputado del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Zé Geraldo, entró al plenario donde se debatía un paquete de medidas contra la corrupción para avisar a sus colegas que en los alrededores del palacio legislativo se había desencadenado “una verdadera guerra”.
Temer repudia vandalismo
En tanto el presidente brasileño expresó su “repudio” frente al “vandalismo, la destrucción y la violencia” de grupos de manifestantes que protestaron el martes contra su Gobierno en Brasilia y, en especial, frente a la sede del Congreso.
“La intolerancia no es una forma de expresión democrática y no puede ser un instrumento para presionar al Congreso”, señaló Temer en un comunicado, en el que aseguró que el Gobierno “está siempre abierto al diálogo y defiende el derecho a las reivindicaciones”.
Temer aludió a algunos ataques contra periodistas y coches de medios de comunicación ocurridas durante la protesta, condenó las agresiones y aseguró que “así como la Constitución defiende la libertad de manifestación, también protege la libertad de prensa”.
Aprobado
El Senado de Brasil aprobó el martes en la primera de las dos votaciones necesarias una propuesta que restringe el gasto público durante los próximos 20 años y supone la base del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Michel Temer.
El proyecto, que plantea una enmienda constitucional, recibió el apoyo de 61 senadores y fue rechazado por otros 14, por lo que será sometido en los próximos días a una segunda votación y, en caso de ser aprobado, será remitido al presidente Temer para sanción.
La propuesta plantea limitar el aumento del gasto público anual a a la tasa de inflación del ejercicio anterior durante las próximas dos décadas, con la posibilidad de que eso sea revisado solamente una vez que hayan transcurrido los primeros 10 años.
Los críticos de esa iniciativa sostienen que, en la práctica, se congelará la inversión estatal, ya que se impediría que tenga algún crecimiento real durante los próximos 20 años.
La propuesta fue duramente combatida por la oposición, por los sindicatos y por movimientos sociales, que consideran que sobre todo se congelarían los gastos en áreas críticas como educación y salud.
Las protestas obligaron al Gobierno a ceder y modificar la propuesta original para que la limitación de los gastos en salud y educación tan sólo se aplique a partir del 2018.
El proyecto es la columna vertebral del ajuste fiscal con el que Temer pretende sanear las cuentas públicas y recuperar la confianza de los inversores, a fin de que Brasil supere la grave recesión que afronta desde el año pasado.
